Expulsado un beneficiario por vender los productos comprados con la renta social de Gijón

«Su tarjeta ya está suspendida», señaló ayer la concejala del ramo, Eva Illán. Destacó que tanto en este episodio como en los protagonizados por tres comercios que vendieron artículos no permitidos «se actuó con contundencia». La concejala de Bienestar Social señaló que la venta de productos comprados con la tarjeta de la renta social es la única irregularidad de estas características detectada hasta el momento. «Es un caso puntual», aseguró. Por su parte, el presidente de la Unión de Comerciantes del Principado, Germán Heredia, señaló que será necesario aumentar la vigilancia de cara a la próxima convocatoria de esta ayuda. «Hay problemas de control y creo que se pueden hacer mejor las cosas», añadió. El PSOE, Xixón Sí Puede, IU y Ciudadanos también abogaron por incrementar la vigilancia al empleo de la renta social, aunque con diferentes matices.

«El control de los programas de gasto municipales le corresponde al Ayuntamiento. Si hay situaciones en las que alguien comete fraude, sea en el programa municipal que sea, el gobierno ha de adoptar las medidas para corregir esa situación y evitar que se vuelva a producir. Vamos a pedir al equipo de gobierno información sobre las medias adoptadas para corregir y evitar ese tipo de situaciones», apuntó el concejal socialista José Ramón García. Para el portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, «que entre los miles de beneficiarios se produzca un hecho como éste es lamentable, pero no puede ser un elemento que descalifique a la renta social. Chorizos los tenemos en todos los sectores de la sociedad, incluido el Gobierno central». Así las cosas, subrayó que «la renta social está funcionando y la rentabilidad económica es indiscutible». En términos similares se expresó Ana Castaño, de IU. «Si se detectan casos de mal uso, es necesario intervenir y expulsar de la renta a esas personas», indicó. Además, destacó que el hecho de que «haya saltado esta situación es una muestra de que hay control», aunque es necesario evaluar los mecanismos.

«No nos ha pillado de sorpresa, ya que como hemos denunciado varias veces no existe ningún mecanismo de control que asegure un adecuado uso de esta ayuda, más allá de que se gaste en los establecimientos y productos, y es una constatación más del fracaso del diseño y concepción de estas ayudas», afirmó el portavoz de Ciudadanos. José Carlos Fernández Sarasola recalcó que los usuarios deberían participar en programas de inserción sociolaborales obligatoriamente.

El edil del PP Pablo González fue más contundente y pidió la retirada de la renta social. «Hemos pedido estadísticas de los perceptores, porque mucho nos tenemos que haya habido efecto llamada de personas que hayan venido a empadronarse», dijo. Por ello, solicitó una auditoría de todo el programa. González -que instó a la alcaldesa y a Suárez a leer el 'Lazarillo de Tormes'- propuso renunciar a aplicar la renta social en el futuro y «apostar exclusivamente por las ayudas de emergencia».