Foro promete buscar el consenso en las bases de la nueva convocatoria de la renta social de Gijón

La concejala Eva Illán, junto al presidente de la Unión de Comerciantes, Germán Heredia.
La concejala Eva Illán, junto al presidente de la Unión de Comerciantes, Germán Heredia. / DAMIÁN ARIENZA

La concejala recuerda que en la prórroga hay reservados 3,2 millones de euros para este programa, que podrían ampliarse con el dinero del remanente

Iván Villar
IVÁN VILLARGijón

La concejala de Bienestar Social, Eva Illán, garantizó ayer que en 2018 habrá una nueva convocatoria de la renta social municipal, cuyas bases «serán fruto del consenso, como ha ocurrido con las anteriores». Recordó a este respecto que en la prórroga presupuestaria hay reservados para este programa 3,2 millones de euros. De esa cantidad ya hay 290.000 euros comprometidos,dado que algunas ayudas se abonan por trimestres y por tanto aún hay que hacer con cargo a las cuentas de 2018 nuevas recargas en las tarjetas entregadas en 2017. Además todavía están pendientes de valorar 303 de las 1.038 solicitudes recibidas en la convocatoria de noviembre, que podrían consumir 450.000 euros más. Quedarían por tanto disponibles para una nueva tanda 2,4 millones de euros, a los que según Illán habría que sumar el dinero que se decida usar de los remanentes de tesorería, que estarán disponibles en torno al mes de mayo y rondarán los tres millones de euros. Esos fondos, no obstante, también deben cubrir otros programas como las becas comedor, la ayuda a domicilio o las ayudas de emergencia, para los que no basta con lo que consta en la prórroga en sus respectivas partidas.

«La renta social municipal continuará. Este equipo de gobierno sigue comprometido con el programa y los datos avalan su éxito, ya que ha sido la convocatoria de ayudas sociales que más demanda ha generado en Gijón », argumentó Illán. Hasta el momento se han concedido 2.332 ayudas por un importe total de 5,1 millones de euros. De ellas, 2.253 (96,6%) corresponden a perceptores de otras prestaciones sociales, como por ejemplo el salario social autonómico, y 79 a personas que tienen ingresos procedentes del trabajo pero aún así no llegan a la cifra que el Ayuntamiento considera como «mínimo vital digno». Otras 1.305 solicitudes fueron denegadas y en 81 casos el expediente se cerró por desistimiento o renuncia del solicitante.

Illán cifró en 2.300 el número de tarjetas ya emitidas y que acabarán de entregarse esta semana. Explicó que este dato es inferior al de ayudas concedidas, porque en algunos casos la cuantía aprobada se usó para cancelar deudas que los beneficiarios tenían con el Ayuntamiento, y una vez hecho ese trámite no les quedaba dinero que ingresar en las tarjetas.

El importe ya gastado en comercios con cargo a la renta social ascendía ayer a 1,6 millones de euros, con 16.257 operaciones en 233 establecimientos. En lo que respecta a los productos más adquiridos, 581.353 euros correspondieron a electrodomésticos y mobiliario básico, 392.377 euros a ropa, 225.586 euros a equipamiento deportivo y 186.733 euros a calzado.

Un porcentaje mínimo

Illán remarcó que los cuatro casos de uso fraudulento del programa -tres de compras de productos no autorizados y uno de reventa en tiendas de segunda mano de los bienes adquiridos con la renta social- suponen un porcentaje mínimo sobre el total de beneficiarios y «demuestran que el sistema está articulado desde un punto de vista garantista, con mecanismos de control que funcionan». Señaló que además de suspender estas tarjetas, a los infractores «se les cierra la posibilidad de optar a otro tipo de ayudas municipales».

Descartó por otra parte que con la puesta en marcha del programa haya existido un efecto llamada, toda vez que uno de los requisitos era llevar un año empadronado en el concejo. «Todas las ayudas que articulamos están destinadas a ciudadanos de Gijón. Y estoy harta de oir mensajes gratuitos que solo siembran un clima que no es deseable en una ciudad solidaria como la nuestra, cuando además la realidad es que más de tres cuartas partes de los perceptores de ayudas son españoles».

Añadió finalmente que «en fechas próximas nos reuniremos con los grupos que apoyaron este programay con la Unión de Comerciantes para consensuar un borrador de las bases que rijan la convocatoria de 2018, que después será sometido a todos los grupos políticos».

El presidente de la Unión de Comerciantes, Germán Heredia, criticó las declaraciones del concejal Pablo González, del PP, «en las que ponía en tela de juicio, sin nombres, a varios comerciantes» por un supuesto comportamiento fraudulento con la renta social. «Sería un orgullo si viene a decirnos quién la usa de una forma que no es la debida. Trapicheos hay en todos los estamentos, y los comerciantes no somos una excepción. Pero con su cargo debería ser consciente de que para decir estas cosas debe tener pruebas. Y si no, debería callarse y no manchar tan irresponsablemente la imagen de los comerciantes por motivos políticos».

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