Rosario Hevia, multada por acumular retrasos en la Audiencia de Valencia

La jueza Rosario Hevia, en el juzgado Penal 2 de Gijón. / PALOMA UCHA

La magistrada ya fue expedientada en 2007 por acumular 148 sentencias sin dictar en el Penal número 2 de Gijón, del que fue titular 23 años

ALBERTO RALLO / OLAYA SUÁREZ VALENCIA / GIJÓN.

Dos años y medio después de incorporarse a la Audiencia Provincial de Valencia, la jueza gijonesa Rosario Hevia ha sido nuevamente expedientada por el Consejo General del Poder Judicial debido a «sus injustificados retrasos a la hora de dictar resoluciones». El órgano le ha impuesto una sanción de 3.000 euros. La decisión se adoptó por la unanimidad de los siete miembros de la Comisión Disciplinaria.

Según explicaron fuentes judiciales, la demora en las sentencias obligó el año pasado al resto de magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia a repartirse el trabajo de su compañera. No obstante, esta medida no fue suficiente para poner al día la sección y se hizo imprescindible la llegada de más refuerzos. El Consejo General del Poder Judicial abrió entonces una investigación que incluyó una inspección de la sección a principios de este año. El expediente concluyó este mes con la sanción. La magistrada se encuentra de baja desde hace meses.

Rosario Hevia pidió el traslado a Valencia en 2015 después de 23 años destinada en el partido judicial de Gijón. Supuso un ascenso al pasar de titular de un juzgado de lo Penal a magistrada de una sección provincial. Ya en 1999 mantuvo un sonado desencuentro con los fiscales después de criticar la supuesta «inacción» de los representantes del ministerio público en lo relativo a los casos de violencia sobre la mujer. No fue el único sinsabor de su dilatada trayectoria.

En 2001, siendo jueza decana de Gijón, fue reprobada de su cargo por sus compañeros y en 2007 la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial la expedientó por acumular 148 sentencias sin dictar entre 2005 y 2006. Como en esta ocasión en Valencia, le coincidió con un periodo delicado de salud, con un enfisema pulmonar que la alejó durante meses de su juzgado.

Entre los últimos procedimientos judiciales que sentenció en Gijón está el del supuesto fraude de Mina La Camocha, por el que condenó a nueve años de prisión y a más de 16 millones de euros de multa a los cinco acusados. El juicio deberá volver a celebrarse por «una evidente falta de imparcialidad de la jueza», según consideró la Audiencia Provincial de Asturias. El tribunal sostuvo su decisión en las grabaciones audiovisuales de la vista oral que permitieron «constatar que la juzgadora se extralimitó en su función de dirigir los debates, revelando el contenido de las preguntas formuladas, así como las valoraciones hechas con ocasión de los interrogatorios, una previa toma de posición con respecto al objeto de enjuiciamiento, incompatible con la debida imparcialidad que ha de presidir su función».

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