La Sindicatura ya reclamó en marzo de 2015 el cambio de las ayudas a fachadas

«Dejar de tramitar nuevas solicitudes es una irresponsabilidad del gobierno tras haber ignorado tres años ese informe», critica Pérez

I. VILLAR GIJÓN.

La Sindicatura de Cuentas ya alertó en marzo de 2015 de la necesidad de modificar la forma en la que el Ayuntamiento concede las ayudas para la rehabilitación de fachadas y la supresión de barreras arquitectónicas. Lo hizo en un informe «sobre las subvenciones, gastos sin consignación presupuestaria y reconocimiento extrajudicial de créditos» que hacía referencia a distintas ayudas gestionadas por el consistorio gijonés y por los de Oviedo y Avilés.

En el caso concreto del programa de subvenciones a comunidades de vecinos para obras en fachadas y cubiertas, el órgano de fiscalización mencionaba varios «incumplimientos». Entre ellos, que «no se establecen criterios de concesión perfectamente delimitados que hagan posible estimar a priori los puntos que pueda obtener cada solicitante; no se establece una prelación entre las solicitudes; no se determina suficientemente la cuantía individualizada de la subvención, al ser susceptible de aumentos y disminuciones sin especificar cuándo se aplican; y no detalla en las bases la composición del órgano que debe valorar las solicitudes».

El martes la junta de gobierno acordó dejar en suspenso las bases vigentes, de modo que desde el 1 de enero no se admiten nuevas solicitudes. Deberán esperar a la redacción de unas nuevas, cuyo borrador está previsto para finales de marzo pero que no se espera que estén aprobadas de forma definitiva hasta el segundo semestre. Cuando se retome el programa, las ayudas ya no podrán solicitarse en cualquier momento del año y dejarán de concederse por orden de llegada. En su lugar, se abrirá una concurrencia pública, con un plazo de presentación concreto y un presupuesto determinado. Se concederán subvenciones a los proyectos que obtengan una mayor puntuación de acuerdo a las bases que se fijen, hasta agotar el crédito. El cambio no afectará a las 481 solicitudes que se presentaron antes del 31 de diciembre, que se tramitarán como hasta ahora.

El portavoz socialista, José María Pérez, calificó de «irresponsable» el acuerdo adoptado por la junta de gobierno y criticó que el Ayuntamiento «haya tenido durante casi tres años ese informe en el cajón y ahora lo esgrima como excusa para justificar su decisión». Se preguntó además cuánto tiempo se tardará en dar salida a los 481 expedientes pendientes.

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