El Supremo ratifica la condena de 22 meses de prisión a Jordán Suárez por apropiación indebida

Jordán Suárez.
Jordán Suárez. / DANIEL MORA

Aunque la pena no llega a los dos años, podría ingresar en la cárcel si no paga 10.841 euros como indemnización a la Fiesta de la Cultura

I. VILLAR GIJÓN.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por Jordán Suárez contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que le consideraba culpable de un delito continuado de apropiación indebida cuando estaba a cargo de la tesorería de la Fiesta de la Cultura, en 2013. Esta decisión supone una ratificación de la condena a veintidós meses de cárcel publicada en octubre, a lo que se suma la obligación de indemnizar a los organizadores de la Fiesta de la Cultura con 10.841,98 euros. La acusación estuvo a cargo de la Fundación Nuberu, el Ateneo Obrero de Gijón y la Asociación Lázaro Cárdenas, representados por la abogada Libertad González (Benavides & Asociados). Su intención es solicitar en cuanto sea posible la ejecución de sentencia. Y aunque la pena fijada por la Audiencia Provincial es inferior a los dos años (un año y diez meses), un hipotético impago de la sanción impuesta en concepto de responsabilidad civil podría derivar en el ingreso en prisión del expresidente del Conseyu de Mocedá.

Buena parte del recurso de Suárez se centraba en la «insuficiencia de las pruebas practicadas», principalmente a la hora de determinar la cantidad de la que supuestamente se había apropiado. Sostenía que en las cuentas solo existió un descuadre de 300 euros y argumentaba que si tenía alguna cantidad en su poder era para efectuar pagos pendientes. El Supremo recuerda que para emitir su sentencia condenatoria la Audiencia Provincial dispuso de dos documentos «de extraordinaria importancia que fueron reconocidos por el propio acusado».

El primero, un correo electrónico de Suárez al presidente de la entidad organizadora de la Fiesta de la Cultura «en el que reconoce su error y asume su responsabilidad por haber 'usado' parte 'del dinero que tenía', comprometiéndose a pagar las facturas correspondientes».

El segundo, un documento de «reconocimiento de deuda» por importe de 10.533 euros. «Para el Tribunal dichos documentos supusieron una auténtica confesión y el reconocimiento del delito, y no atendió a las 'confusas excusas' que argumentó el acusado en el acto de la vista, cuando afirmó que el e-mail lo escribió para contestar 'una duda de las personas que formaban parte de la comisión organizadora' y que fue 'coaccionado' para firmar el segundo documento. El Supremo rechaza aplicar un atenuante por reparación del daño al entender que los 3.760 euros que devolvió en concepto de pago parcial «no guardan una proporción relevante respecto a la cantidad defraudada». Añade que, toda vez que la pena impuesta está «muy próxima al mínimo legal», ese atenuante no habría supuesto modificación alguna.

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