El Supremo ratifica una sanción de 1,2 millones por vertidos de Arcelor

La multa fue impuesta en 2016 por el consejo de ministros por superar las emisiones al río Aboño permitidas en su autorización ambiental

I. VILLAR GIJÓN.

El Tribunal Supremo ha ratificado la multa de un millón de euros impuesta en 2016 por el Consejo de Ministros a ArcelorMittal por vertidos en el río Aboño, a la que se suma una indemnización de 283.335,93 euros por «los daños ocasionados al dominio público hidráulico». La sanción se basa en el incumplimiento de las condiciones establecidas en su autorización ambiental integrada.

En cuatro mediciones realizadas a lo largo de 2014 por el Servicio de Vigilancia Fluvial se detectó «la presencia mayoritaria de sustancias contaminantes no autorizadas» en dos de los diecisiete puntos de vertidos de aguas residuales de la factoría al río Aboño, en concreto los identificados como V-9 (EDAR altos hornos) y V-10 (proceso EDARI chapa, carril y alambrón). La infracción fue considerada como «muy grave», al superar los daños causados al dominio público hidráulico los 150.000 euros. Tras la oportuna tramitación administrativa, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del 11 de marzo de 2016 la mencionada propuesta de sanción, que fue recurrida por ArcelorMittal. Al ser rechazado su recurso por silencio administrativo, la empresa acudió a la vía judicial.

Entre sus alegaciones argumentó que, al margen de lo recogido en su autorización ambiental, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias establecía que «durante el periodo transitorio de enganche al colector interceptor del río Aboño de las aguas industriales» regirían como límites máximos de vertido los propuestos por la empresa a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en abril de 2008. El Supremo, no obstante, señala en su fallo que esa propuesta «no contiene ninguna referencia en relación con los valores de emisión que conciernen al acuerdo impugnado», pues si bien se habla de contaminantes como los fluoruros o los aceites y grasas, no aparece nada con respecto a los parámetros «relativos al cromo, tetracloroestilano, cobre, plmo, tebueno, zinc, cloroformo, hierro, magnesio y cianuro».

«Que la obliguen a gastar dinero en tratar las aguas», piden los ecologistas

Añade que tanto en la autorización ambiental de 2008 como en su modificación de 2009 se fijaba como límite para la emisión de cianuro 20 microgramos por litro, mientras que en las tomas realizadas se alcanzaron valores de hasta 7.500 microgramos.

Altamente contaminado

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies manifestó ayer su «alegría» por la ratificación de esta sanción. «Esperemos que obligue a esta empresa a gastarse el dinero en tratar las aguas de proceso y no verterlas sin control tanto en la factoría de Gijón como en la de Avilés, como viene haciendo de forma habitual». La organización ambientalista señala cómo «las pocas veces que la multan, lo que acaba haciendo es recurrir para tumbar las sanciones y seguir librándose del principio de 'quien contamina paga'. Y eso, cuando les pillan, algo que en Asturias sucede pocas veces por los escasos medios que hay para vigilancia». Lamenta que los vertidos «han convertido el cauce del río Aboño en un lugar altamente contaminado».

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