El Tribunal de Cuentas dice que la ampliación de El Musel no mejoró la eficiencia del puerto

Una terminal granelera, la zona de atraque de cruceros y la regasificadora, únicas instalaciones que alberga la ampliación del puerto de El Musel, inaugurada en 11 de enero de 2011. / CITOULA
Una terminal granelera, la zona de atraque de cruceros y la regasificadora, únicas instalaciones que alberga la ampliación del puerto de El Musel, inaugurada en 11 de enero de 2011. / CITOULA

La entidad recomienda mejorar las conexiones ferroviarias de los puertos y promover las actividades logísticas

MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.

El Tribunal de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre la gestión de la ocupación y el aprovechamiento del dominio público del sistema portuario estatal durante los ejercicios 2014 y 2015. El puerto de El Musel es, según el documento, uno de los ejemplos de que no toda gran inversión en una obra de ampliación tiene como resultado una mejora de la eficiencia.

El documento está firmado por Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, economista y diputado en el Congreso durante la primera legislatura, y en él se indica cómo la ampliación de El Musel supuso una disminución de su grado de ocupación del 44,98%. Es cierto que entre 2011 y 2015 la rentabilidad de las dársenas gijonesas tuvieron «una evolución positiva superior al 1%», pero no ocurrió lo mismo con el aumento de tráficos. De los cinco puertos con las mayores inversiones realizadas (Barcelona, Gijón La Coruña, Valencia y Bahía de Algeciras), solo en los dos últimos «se vieron incrementados sustancialmente».

La conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas tras analizar todos estos parámetros es que «no ha habido necesariamente una correlación directa y proporcional entre el gasto en infraestructura y ganancia en eficiencia y, por tanto, la inversión en inmovilizado no constituyó un factor único en la mejora de competitividad ni en la atracción de tráfico hacia los puertos».

Pero es que hace una advertencia sobre el peligro que supone que acometan obras importantes puertos cercanos, como ocurrió con las ampliaciones de El Musel y Punta Langosteira (La Coruña) o, incluso, Avilés. El informe explica que «un aumento simultáneo de la capacidad de puertos vecinos entraña el riesgo de una mayor competencia de precios entre esos puertos, por lo que si no se consigue un aumento del tráfico global de las zonas colindantes, se producirá una pérdida de rentabilidad del sistema».

Estudio realista de la demanda

El Tribunal de Cuentas remarca que la ampliación de puertos no vino acompañada de un aumento de las concesiones, con lo que disminuyó el grado de ocupación. Si en Gijón ese descenso fue, como quedó dicho, de un 44,98%, en Avilés alcanzó el 32,2%. Y es que apunta que el puerto de la Villa del Adelantado, junto a otros cuatro, «pese a disponer de capacidad excedentaria, acometieron nuevas inversiones, lo que contribuyó al incremento del exceso de capacidad». Es decir, no se precisaba hacer esas ampliaciones.

Entre las recomendaciones que plantea una vez realizado un análisis pormenorizado resaltan dos que tienen mucho que ver con el puerto de El Musel. El documento señala que es conveniente «avanzar en la optimización» de la utilización de las infraestructuras portuarias mediante un marco estratégico estatal claro y definido. Según el Tribunal de Cuentas, en las cuestiones a priorizar están, «entre otras medidas, las destinadas a la mejora de las conexiones ferroportuarias y a la promoción de las actividades logísticas». Esta medida está estrechamente relacionada con El Musel, debido a que las dársenas gijonesas cuentan con ferrocarril, pero su conexión ferroviaria, especialmente con la red de ancho métrico, deja bastante que desear. Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Gijón también participa en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), un asunto que para el Tribunal de Cuentas resulta fundamental.

Otra de las recomendaciones pasa por evitar la sobrecapacidad del sistema portuario y el documento refleja que Puertos del Estado «debería establecer unos mecanismos de planificación y de control de las nuevas infraestructuras propuestas por cada una de las autoridades portuarias en los que se realizasen unos estudios realistas de la demanda real y, además, se tuvieran en cuenta las necesidades del conjunto del sistema portuario».

La tercera recomendación pasa por la superficie de las concesiones en suelo del dominio público portuario. El tribunal cree que se han de elaborar «unos parámetros útiles de medición de la capacidad portuaria. Esto contribuiría, además, a una más eficiente planificación estratégica de las necesidades de las infraestructuras portuarias».

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