El TSJA rechaza indemnizar a una constructora por los gastos del fallido plan de Castiello

Terrenos de Castiello anteriormente previstos en el PGO. / LUIS SEVILLA
Terrenos de Castiello anteriormente previstos en el PGO. / LUIS SEVILLA

Construcciones San Bernardo solicitaba la devolución de 950.000 euros por el derribo de dos chalés previo a la anulación del PGOU

O. SUÁREZ / I. VILLAR GIJÓN.

El Ayuntamiento y la Junta de Compensación no tienen por qué abonar los gastos derivados de las actuaciones previas al desarrollo residencial proyectado en Castiello de Bernueces, que quedará excluido en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por una empresa constructora que reclamaba una indemnización próxima al millón de euros por la demolición de dos chalés que eran incompatibles con el desarrollo previsto.

El fallo judicial ratifica de esta forma la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, que ya eximía al consistorio y a la Junta de Compensación del pago de las cuantías de los gastos derivados del adecentamiento de las parcelas adquiridas por promotores y constructores para su urbanización.

En marzo de 2010 la Junta de Compensación constituida para el desarrollo de este espacio aprobó con el voto de 98 de los miembros, incluida la empresa San Bernardo, la demolición de las dos edificaciones, «por razones de seguridad y evitar ocupaciones indeseables». Aunque el PGO que daba soporte a ese plan parcial ya había sido anulado judicialmente, el Ayuntamiento estaba tramitando uno nuevo en el que mantenía como urbanizable la misma bolsa de la parroquia de Castiello.

Sin embargo, en mayo de 2015, ese plan urbanístico también fue anulado. Y dado que desde el inicio de la tramitación del que en la actualidad se encuentra en fase de estudio se supo que el plan de Castiello desaparecía como desarrollo residencial, en julio la Junta de Compensación se reunió en asamblea para aprobar su disolución. Construcción San Bernardo denunció entonces que en esa liquidación no se reconocía la deuda que la Junta había contraído con la empresa por el derribo de dos chalés y que ascendía a 959.000 euros. El juez ya argumentaba en la resolución de Primera Instancia que únicamente tendría derecho en el momento en el que se aprobara el proyecto de compensación, fase que no se llegó a alcanzar, o si la demolición se hubiera realizado en contra de su voluntad.

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