Urbanismo ordena el desalojo de los últimos expropiados de El Arbeyal

Violeta Suárez, en el patio de su vivienda de Pachín de Melás. / P. UCHA
Violeta Suárez, en el patio de su vivienda de Pachín de Melás. / P. UCHA

Les da ocho días a partir de la notificación para dejar libres dos naves y una vivienda. Los afectados amenazan con encadenarse

MARCOS MORO GIJÓN.

El Servicio Administrativo de Urbanismo ha remitido a los últimos expropiados del plan residencial de El Arbeyal (PERI 01) un requerimiento para que dejen libres dos naves industriales y una vivienda unifamiliar que se resisten a abandonar. El Ayuntamiento les da de plazo de ocho días a partir de la recepción de la resolución y les advierte de que si persisten en su actitud hará efectivo un reciente auto judicial que decretó recientemente el desahucio administrativo de los bienes expropiados solicitando auxilio policial a la Delegación de Gobierno en Asturias.

La notificación, firmada por el secretario letrado de la junta de gobierno local Diego Ballina, afecta a una marmolería donde se continúa desarrollando actividad industrial y una casa donde reside un matrimonio de septuagenarios con una hija. Se trata de las únicas edificaciones que permanecen en pie en la zona, donde ya se han completado el resto de demoliciones.

Fuentes municipales explicaron ayer que el plazo de los ocho días hábiles, que vence este viernes, 15 de diciembre, es «de referencia» y no implica acciones inmediatas. A partir de esa fecha se comprobará si los expropiados hacen caso antes de proceder a tomar medidas más drásticas. Quiere esto decir que el desalojo forzoso, de producirse, podría tener lugar ya en enero pasadas las navidades.

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Los interpelados por la resolución municipal son Eleuterio García García (anterior titular de las parcelas 9 y 10 del proyecto de expropiación), Magdalena Esteban Juanes (parcela 20)y María Josefa y Violeta Suárez Rodríguez (parcela 5). Se trata de los propietarios de la zona que no se adhirieron a la junta de compensación del PERI 01 a cuyo frente está la inmobiliaria Solvia. Tanto Eleuterio como Violeta aseguran que el día que vayan a echarles de las propiedades donde han residido y trabajado durante décadas no lo tendrán sencillo, ya que piensan «encadenarse».

En horario diurno

El auto judicial al que se refiere Urbanismo en su resolución fue dictado el 21 de noviembre por el juez Jorge Rubiera, titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1. En él se autoriza al Ayuntamiento a la entrada y desalojo de las últimas parcelas incluidas en el expediente de expropiación que permanecían aún sin entregar. No se fija ninguna fecha concreta. Solo se dice que la toma de posesión efectiva de los bienes expropiados deberá realizarse en el plazo máximo de treinta días desde la notificación y en horas diurnas para mantener la necesaria proporcionalidad en la ejecución.

El 19 de octubre de 2016 se procedió al levantamiento de las actas de ocupación y al pago de los propietarios no adheridos a la junta de compensación y cuyas indemnizaciones estaban aprobadas desde 2014 por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA). En total, 2,3 millones de euros.

Desde hace más de un año los expropiados que se resisten a marcharse, por estar disconformes con el dinero que les han ingresado en sus cuentas por sus inmuebles, habían sido conminados a entregar las llaves antes del 1 de abril de este año. El Ayuntamiento remitió varios oficios que no fueron atendidos y en mayo pasado la alcaldesa solicitó la autorización judicial ahora concedida.

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