Los vecinos de La Camocha tienen una opción de compra por el 50% del valor peritado

Vecinos del poblado minero de La Camocha en riesgo de deshaucio, durante la reunión en la biblioteca donde se les informó de la situación. /  PALOMA UCHA
Vecinos del poblado minero de La Camocha en riesgo de deshaucio, durante la reunión en la biblioteca donde se les informó de la situación. / PALOMA UCHA

La administración concursal ofrece las viviendas a unos 40.000 euros. Los vecinos se reunirán para intentar negociar «un precio más lógico y realista»

PABLO SUÁREZ GIJÓN.

La noticia del desahucio inminente para las familias del poblado minero de La Camocha que adelantaba ayer EL COMERCIO ha provocado la reacción del resto de partes implicadas, que desmienten algunos de los datos vertidos por los representantes de los vecinos afectados. «Es absolutamente falso que esto pille por sorpresa. En ningún momento ha habido falta de información a los arrendatarios», afirmaron ayer desde el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo y la administración concursal.

De esta manera, las otras dos partes involucradas buscan separarse de «cualquier otro interés lucrativo» que, dicen, se desprende de las declaraciones realizadas por la Asociación de Vecinos de La Camocha, y aseguran estar cumpliendo «estrictamente» con lo que dicta la ley. Para ello, aportan una serie de datos que clarifican la situación actual en la que se encuentra el proceso concursal de la mina y el lugar que ocupan los arrendatarios de las viviendas del poblado en la disputa.

Según el Juzgado, de las 52 viviendas que conformaban el poblado de La Camocha, solo 37 figuran actualmente como activos de la compañía minera, pues el resto fueron vendidas con anterioridad al concurso de acreedores en el que se encuentra la mina. De esas 37, afirman que dos fueron «abandonadas» y posteriormente tapiadas tras «varios intentos de okupación». Por tanto, son 35 las viviendas habitadas que se encuentran actualmente en riesgo de desahucio, aunque algunas de ellas en condiciones muy diferentes a otras.

«Los vecinos fueron notificados en todo momento», aseguran desde el JuzgadoTanto el Juzgado como la administración concursal desmienten «un interés lucrativo»

Solamente 22 inquilinos han podido entregar al Juzgado los documentos de fe de vida y el certificado municipal de empadronamiento, y así demostrar su condición de arrendatarios oficiales que les sitúa en una posición preferente a la hora de la compra del inmueble. «En una reunión con representantes de la asociación de vecinos se dejó muy claro que los arrendatarios de las viviendas podían llevar a cabo su adquisición por un precio no inferior al 50% de su valor de tasación», aseguran desde el Juzgado. Las mismas fuentes añaden que también se les informó a los vecinos de que, en caso de no estar interesados en la adquisición, «conservarían los derechos que individualmente pudieran asistirles al amparo de la normativa arrendaticia».

Para los 13 moradores restantes que no han acreditado legalmente su derecho a ocupación de las viviendas se han presentado ya tres demandas de conciliación, cuyos actos han sido señalados para los días 14 y 22 de marzo y 4 de abril.

Evitar los desahucios

Entretanto, la Asociación de Vecinos de La Camocha trabaja a contrarreloj para intentar frenar los deshaucios y comenzar un nuevo período de negociación con vistas a desbloquear la situación de manera favorable para los inquilinos de las 35 viviendas afectadas. «Ahora es momento de estar muy unidos, porque cualquier acto individualista nos debilita mucho», señaló ayer el presidente del colectivo vecinal, Herminio Torre, en una reunión mantenida con los inquilinos.

En los próximos días, el propio Torre junto con más representantes vecinales tratarán de mantener una reunión con el juez que lleva el caso, en la que le trasmitirán «la cara humana» de la situación con el fin de buscar una solución favorable. «Nuestro objetivo ahora mismo es en primer lugar frenar los desahucios y después negociar un precio de venta lógico y que se ajuste a la realidad», comunicaron ayer en la reunión.

Una de las razones a las que se agarran los vecinos para protestar por la situación es el precio de los inmuebles marcado por los peritos del Juzgado, que oscila entre 80.000 y 100.000 euros. «Es un precio muy alto para unas viviendas de 52 metros cuadrados en una situación tan mala», defienden.

Inmobiliarias consultadas por este periódico coinciden en lo exagerado de la valoración, y afirman que se corresponde a viviendas «en el centro de la ciudad» y no en la zona periférica donde se localiza el poblado.

Otro de los principales temores de los vecinos es que el terreno que engloba sus domicilios sea vendido a alguna constructora. «Sabemos que esta zona fue calificada como edificable para viviendas de hasta tres plantas. No nos extrañaría que hubiera algo de esto escondido», afirman.

Sea como sea, la situación para las familias es cuanto menos delicada. En la reunión de ayer muchos de los inquilinos se llevaban las manos a la cabeza y expresaban su preocupación ante la posible pérdida de «nuestras casas de toda la vida».

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