XsP e IU afirman que en Gijón hay más de diez desahucios pendientes por impago de ayudas al alquiler

Representantes de Xixón Sí Puede e IU de Gijón y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente al Ayuntamiento. / Arnaldo García

La PAH denunciará ante el Defensor del Pueblo y del Menor los procesos de expulsión que deriven de la lentitud de la Administración en tramitar subvenciones

EUROPA PRESS

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Asturias (PAH), Miguel Ángel García, ha avanzado este lunes en Gijón que denunciarán ante el Defensor del Pueblo y el del Menor los casos de desahucios que ellos atribuyen a la falta de diligencia de la Administración, y en concreto del Principado y Ayuntamiento de Gijón, por los retrasos en la tramitación de ayudas y viviendas de emergencia. Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio, acompañado de representantes de los grupos municipales de Xixón Sí Puede (XSP) e IU, quienes han explicado que en la ciudad hay más de diez desahucios pendientes por impago de alquiler, debidos en la mayor parte de los casos a la "lentitud" en la tramitación de las ayudas de alquiler y la no tramitación de solicitudes de vivienda de emergencia al Principado, según el portavoz de la formación morada, Mario Suárez del Fueyo.

Por parte de la PAH, García ha incidido en que además de estos retrasos, hay una vulneración del decreto de adjudicación de viviendas de emergencia social 25/2013 del 22 de mayo, según él, desde que, a instancias del Principado, se quitó la figura de las viviendas de urgencia --anteriormente de respuesta rápida con un plazo de resolución de 15 días- y todas pasaron a ser de emergencia social.

Una medida que, según él, se adoptó sin modificar el decreto, pero mandando unas instrucciones a los ayuntamientos en las que no se tiene en cuenta el decreto 25/2013, sino que se crearon unas listas de espera que contravienen el propio decreto. Este dice que el Ayuntamiento tiene la obligación de tramitar en el plazo máximo de dos meses un informe negativo o positivo de la familia al Principado, ,el cual resolverá en el plazo de un mes.

Para él, con estas listas municipales de demandantes ya contravienen el decreto, que es una norma superior, e, igualmente, se vulnera la ley del procedimiento administrativo común y el artículo 24. 1 de la Constitución española de la tutela judicial efectiva, ya que al estar en esta lista no podemos saber cómo está cada situación exactamente y no se puede recurrir.

Esto lleva, a su parecer, a que cada vez hay más familias en infraviviendas, en coches, o que van de casa en casa. "Todo esto viene precedido del retraso en la concesión de las ayudas al alquiler municipales, que antes se tramitaban en unos 20 días y ahora se tarda entre cuatro y seis meses", ha advertido.

A esto ha añadido que estas no se da con carácter retroactivo, por lo que muchas familias acaban con impagos de cuatro meses y ahí la ley ya permite el desahucio. A la vez, cuando llegan estos impagos y recurren a las viviendas de emergencia del Principado como último recurso se encuentran con que no se tramita su solicitud "y, encima, se culpabiliza a las propias familias de esa situación", ha reprochado el portavoz de la PAH.

Auditorías a las viviendas de Vipasa

La PAH también ha tenido conocimiento de que se ha dado la orden desde Vivienda del Principado a los ayuntamientos de que no tramiten los informes negativos, a pesar de que el decreto 25/2013 dice que han de tramitarse todos los informes, ya que la decisión final corresponde al Principado y ha habido casos con informes municipales negativos en los que desde Vivienda se ha respondido positivamente.

Estas trabas a nivel municipal y autonómico han hecho que las situaciones de desahucios sean aún más dramáticas que anteriormente, ya que las administraciones no dan una respuesta rápida a las urgencias, a su juicio. "Lo único que pedimos es que se cumpla la ley, el decreto 25/2013, y que se dé alternativa habitacional a los casos de emergencia", ha apuntado García. Este ha responsabilizado de esta situación a la gerente de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa), Elena Sevilla; la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro), y el director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo a nivel del Principado, de quienes la PAH pide la dimisión.

García, además, ha incidido en que el problema no es que no haya viviendas. Según él, en marzo de 2017 había 27 viviendas públicas del Principado pendientes de reparar en Gijón; 14 pendientes de adjudicación, diez en reparación y 66 para reparar por el Ayuntamiento. No obstante, desde agosto de 2017 a 15 de enero de 2018 solo se han tramitado tres viviendas de emergencia en el municipio, "precisamente por esa lista de espera", ha criticado.

La PAH, a este respecto, reclama una auditoria de las viviendas de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias), ya que buena parte de ellas no están operativas y están pendientes de arreglos, aunque no se tiene claro el número de las mismas. Una vez hecha la auditoría, la prioridad de las administraciones debería ser adjudicar estas viviendas para evitar que se agraven algunos casos.

Como ejemplo, ha citado el desahucio previsto para el próximo día 25por impago de alquiler de una familia con dos menores a cargo y otro en camino. La familia tiene ingresos de 703 euros mensuales y el alquiler es de 450 euros, lo que hace difícil su pago. "Este Ayuntamiento, la administración más cercana, tiene que tomar medidas excepcionales ante situaciones excepcionales", ha reivindicado el portavoz de XsP, quien ha enfatizado que no puede ser que se siga viendo a familias que quedan en la calle. "Hay que buscar soluciones y mirar para otro lado no va a hacer que estos problemas desaparezcan en la ciudad", ha conminado.

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