Asturias
Los directores de los centros escolares podrán expulsar un mes a los alumnos conflictivos
El nuevo decreto da más autonomía a los colegios para imponer sanciones La norma regula por primera vez los derechos y deberes de los estudiantes
SALIDA DE CLASE. Varios alumnos abandonan las instalaciones de un instituto. / PALOMA UCHA
El Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno al decreto que regulará la convivencia en los centros docentes no universtarios y que permitirá a los directores de colegios e institutos adoptar de forma directa medidas sancionadoras que pueden ir hasta la expulsión de los alumnos conflictivos durante un mes, sin tener que esperar a una decisión de la consejería.
La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya, anunció los principales puntos del nuevo decreto, que recoge por primera vez en una norma específica una regulación de los derechos y deberes de los alumnos. El objetivo de esta medida, según explicó Migoya, es favorecer la disciplina a todos los niveles y reforzar la autoridad de los profesores y equipos directivos.
El aspecto más significativo del decreto es la modificación del método de aplicación de sanciones, que queda ahora en manos directas de la dirección de los centros, sin necesidad de iniciar los correspondientes trámites ante Educación. Según recoge el documento, «el incumplimiento de las normas de convivencia establecidas en cada centro supondrá la aplicación de correcciones que debe tener carácter recuperador».
La Consejería distingue dos tipos de conductas sancionables: las «contrarias a las normas de convivencia» y las «gravemente perjudiciales». Estas últimas, - que incluyen la agresión física, las injurias y ofensas, las amenazas, el deterioro grave de las instalaciones, los atentados contra la intimidad y la suplantación de personalidad en actos de la vida docente, entre otras- son las que acarrean sanciones más duras, que pueden llegar hasta la expulsión del alumno durante un mes o el cambio de centro. El encargado de imponer las medidas de corrección oportunas será el director del centro, lo que constituye una novedad con respecto a la normativa actual.
Las sanciones para los actos que perturben el normal desarrollo de las clases, las faltas injustificadas de puntualidad y asistencia y el trato incorrecto a los compañeros irán desde la amonestación oral hasta la expulsión durante tres días. En este caso serán los profesores, jefes de estudios y la dirección del centro quienes acuerden las medidas a tomar.
Plan de convivencia
Por otra parte, el decreto insta a los centros educativos a elaborar un Plan Integral de Convivencia que deberá establecer unas normas que sirvan para «prevenir, detectar, resolver y mediar en posibles conflictos». Se crearán además «comisiones de convivencia» que canalizarán todas las iniciativas que permitan mejorar el ambiente escolar y desarrollar medidas contra la discriminación del alumnado.
La norma aboga por la mediación escolar como método de resolución de conflictos, con la intervención de terceras personas con formación específica e imparciales que ayuden a la búsqueda de acuerdos entre las partes. La mediación supondrá voluntariedad y confidencialidad y el procedimiento se iniciará por ofrecimiento de la dirección del centro. Estos procesos deberán resolverse en un máximo de 15 días.
El grueso del documento se dedica a listar los derechos y deberes de los alumnos, que incluyen los derechos a una valoración objetiva, a la igualdad de oportunidades, a la participación en las instituciones educativas y a la manifestación, entre otros. Los deberes inciden en la idea del respeto al profesorado, a los compañeros y a las instalaciones.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós se mostró satisfecha con el decreto «por la implantación del factor de la inmediatez» a la hora de aplicar medidas correctivas a alumnos conflictivos.
La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya, anunció los principales puntos del nuevo decreto, que recoge por primera vez en una norma específica una regulación de los derechos y deberes de los alumnos. El objetivo de esta medida, según explicó Migoya, es favorecer la disciplina a todos los niveles y reforzar la autoridad de los profesores y equipos directivos.
El aspecto más significativo del decreto es la modificación del método de aplicación de sanciones, que queda ahora en manos directas de la dirección de los centros, sin necesidad de iniciar los correspondientes trámites ante Educación. Según recoge el documento, «el incumplimiento de las normas de convivencia establecidas en cada centro supondrá la aplicación de correcciones que debe tener carácter recuperador».
La Consejería distingue dos tipos de conductas sancionables: las «contrarias a las normas de convivencia» y las «gravemente perjudiciales». Estas últimas, - que incluyen la agresión física, las injurias y ofensas, las amenazas, el deterioro grave de las instalaciones, los atentados contra la intimidad y la suplantación de personalidad en actos de la vida docente, entre otras- son las que acarrean sanciones más duras, que pueden llegar hasta la expulsión del alumno durante un mes o el cambio de centro. El encargado de imponer las medidas de corrección oportunas será el director del centro, lo que constituye una novedad con respecto a la normativa actual.
Las sanciones para los actos que perturben el normal desarrollo de las clases, las faltas injustificadas de puntualidad y asistencia y el trato incorrecto a los compañeros irán desde la amonestación oral hasta la expulsión durante tres días. En este caso serán los profesores, jefes de estudios y la dirección del centro quienes acuerden las medidas a tomar.
Plan de convivencia
Por otra parte, el decreto insta a los centros educativos a elaborar un Plan Integral de Convivencia que deberá establecer unas normas que sirvan para «prevenir, detectar, resolver y mediar en posibles conflictos». Se crearán además «comisiones de convivencia» que canalizarán todas las iniciativas que permitan mejorar el ambiente escolar y desarrollar medidas contra la discriminación del alumnado.
La norma aboga por la mediación escolar como método de resolución de conflictos, con la intervención de terceras personas con formación específica e imparciales que ayuden a la búsqueda de acuerdos entre las partes. La mediación supondrá voluntariedad y confidencialidad y el procedimiento se iniciará por ofrecimiento de la dirección del centro. Estos procesos deberán resolverse en un máximo de 15 días.
El grueso del documento se dedica a listar los derechos y deberes de los alumnos, que incluyen los derechos a una valoración objetiva, a la igualdad de oportunidades, a la participación en las instituciones educativas y a la manifestación, entre otros. Los deberes inciden en la idea del respeto al profesorado, a los compañeros y a las instalaciones.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós se mostró satisfecha con el decreto «por la implantación del factor de la inmediatez» a la hora de aplicar medidas correctivas a alumnos conflictivos.
