08.11.08 -
Las asociaciones asturianas de memoria histórica acogieron con indignación, aunque sin excesiva sorpresa, la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ya se esperaban tras conocer la petición de la Fiscalía. «Sabíamos que hay muchos intereses en parar este asunto y que iba a ser flor de un día», comentaba ayer con resignación Luis Miguel Cuervo, presidente de la asociación Todoslosnombres de Asturias, la única de la región que está personada como acusación en el proceso abierto por el juez Garzón. Cuervo aprovechó, además, para elogiar la labor de este magistrado, que a su entender «fue el único que dio la cara».
En todo caso, el responsable de Todoslosnombres recuerda que el procedimiento va mucho más allá de la exhumación de cadáveres: «Que los juzgados asumieran las exhumaciones es una de nuestras reivindicaciones más viejas, pero es una anécdota dentro del proceso», que espera pueda seguir adelante. La aspiración de Cuervo es ahora que en el comité de expertos que debe elegir el juez se incluya al propuesto por Todoslosnombres de Asturias, el historiador avilesino Pablo Martínez Corral.
Con más contundencia se expresó Víctor Luis Álvarez, presidente de la Asociación Memoria Histórica Asturiana, quien apunta a una autoría de la decisión al margen de la sala de la Audiencia: «Se tomó a petición del fiscal, y el fiscal es miembro de una estructura jerarquizada, depende del fiscal jefe, y a éste lo nombra el Gobierno. Por tanto, es una decisión gubernamental».
«Que no nos vengan con milongas Zapatero y compañía. Esto demuestra que lo de la Ley de Memoria Histórica es una estafa», remata Álvarez.
