23.11.08 -
Los integrantes de las ONGs, durante el análisis de la situación de los menores./ J. PAÑEDA
La situación en la que se encuentran los menores inmigrantes no acompañados una vez que llegan a España fue debatida ayer en el transcurso de unas jornadas organizadas por varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los menores y que se reunieron en las dependencias de la Asociación de Vecinos de Nuevo Gijón. Una de las principales conclusiones a las que llegaron es la necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes instancias de la Administración regional -como las consejerías de Justicia y Bienestar Social-, así como con la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y los jueces.
Según dejaron patente, se dieron casos en Asturias en los que una consejería llevaba meses tratando de localizar a un menor inmigrante que tenía bajo su tutela, mientras que éste se encontraba en dependencias de otra consejería. Esa descoordinación es la que pretenden evitar. Otro ejemplo sacado a colación es el de un joven que estaba siendo atendido por una comunidad autónoma, mientras otra lo reclamaba y una tercera tenía su pasaporte.
Pero una de las mayores preocupaciones de estas ONGs se produce cuando no está claro si el muchacho acogido es menor de edad o no. La falta de documentación oficial en el país de origen no facilita las cosas y, en muchas ocasiones, la Administración del Estado recurre a pruebas forenses. El representante de la ONG catalana Drari destacó que «no son legales», pero aún así tienen mucho peso a la hora de decretar la expulsión del joven.
La organización melillense Prodein se encontró con casos en los que las radiografías realizadas por los forenses indicaban que los individuos en cuestión eran mayores de edad. «Al final, pudimos conseguir el pasaporte de los muchachos y vimos que en la mitad de los casos los jóvenes eran dos años menores que la edad que les habían asignado, y en la otra mitad, dos años mayores», aseguró el portavoz de Prodein.
Sin documentación
Desde Asturias Acoge también se denunció una situación que ocurre en todas las comunidades autónomas y a la que el Principado no es ajena. No es otra que el incumplimiento de los preceptos de la Ley del Menor, que indica que «a un menor tutelado por una comunidad autónoma hay que dotarle de una documentación y aquí no se hace a tiempo. Hay que tener en cuenta que la máxima responsable de un menor es la entidad tutelar, porque es la garantista del bienestar del chaval».
La falta de documentación y la mala datación de la edad del individuo hace que en muchas ocasiones los menores acaben en un centro de internamiento de inmigrantes en lugar de centros específicos donde se atiendan sus necesidades y su formación. Además, desde estas ONGs no se explican cómo es posible que «se invierta mucho dinero durante varios años para dar una formación a estos chavales y cuando llegan a la mayoría de edad se les expulse».
