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AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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OPINIÓN ARTICULOS

DESARROLLISMO Por fortuna, en Asturias, con excepciones censurables, aún gozamos de un litoral dignamente preservado. Y debemos felicitarnos por ello y hacer de esa defensa de la costa algo ajeno a la lucha política. A fin de cuentas, esto es como lo de la gallina de los huevos de oro.
05.04.09 -

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A toda costa
GASPAR MEANA
N O seré yo quien defienda a tanto edil sátrapa como anda por ahí suelto o pendiente de ajustar cuentas con los tribunales. Ni a los que endeudan irresponsablemente, para la eternidad, a sus vecinos con tal de apuntarse un tanto electoral. Pero, afirmado lo anterior, clamo, una vez más, contra la pésima financiación de nuestros ayuntamientos que si no es la causa eficiente de tanto ladrillo y de no pocos 'pelotazos', sí es la coartada de algunos regidores que han destrozado sus municipios con recalificaciones ansiosas de tasas por licencias y de recibos anuales de IBI. Comisiones al margen, que hay que respetar la presunción de inocencia.
El litoral español, por la demanda de segundas residencias cerca del mar, ha sido, en general, la víctima de un impune desmán ambiental. El Levante y los archipiélagos, plagados de colonias de extranjeros y algunas zonas del noroeste peninsular han visto cómo, en pocas décadas, emulando el desarrollismo tardofranquista, los edificios proyectaban su sombra sobre las playas sin dejarle al sol ni un trozo de toalla. Alguna sentencia ha habido bien aireada, pero que la ciudadanía sólo recuerde un caso de una urbanización en un monte de Cantabria u otro de un hotel en un espacio natural de Andalucía es buena muestra de que sólo se ha actuado, desde los poderes públicos, con cuentagotas y tarde. Porque, cuando la Justicia llega, el desastre está consumado y entre la insuficiencia de la ley, la pacatería de algunos togados, la pasividad administrativa y los intereses creados, ya se sabe que demoler un edificio es misión casi imposible.
Por fortuna, en Asturias, con excepciones censurables, aún gozamos de un litoral dignamente preservado. Y debemos felicitarnos por ello y hacer de esa defensa de la costa algo ajeno a la lucha política. A fin de cuentas, esto es como lo de la gallina de los huevos de oro: se permite edificar para recaudar pero acaban levantándose esperpentos estéticos masificados que acaban ahuyentando a quienes lo que demandaban era un lugar tranquilo desde el que ver y oir el oleaje. Por no hablar del destrozo natural, del tráfico, de los servicios y suministros que hay que facilitar a las nuevas urbanizaciones y de tantas otras cosas en las que, de mano, cuando llega un promotor con los planos y las cuentas, un mal alcalde no repara.
Como digo, nuestra costa, en general, aprueba el test de calidad ambiental. Alguno de mis alumnos aún se sorprende cuando, al hilo de la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, les explico que existe una servidumbre de acceso público y gratuito al mar y que los planes urbanísticos deben garantizar, al menos, un paso rodado cada 500 metros y uno peatonal cada 200. La perplejidad se debe a que en nuestra región es inconcebible tener que recorrer kilómetros para poder entrar a la playa. Pero la ley estatal ya pensaba en las pantallas edificatorias, sin solución de continuidad, que se interponen entre los ciudadanos y la arena en no pocos puntos de la geografía hispana.
Curiosamente, lo viene a garantizar una ley sumamente contestada, entre otras razones, por haber ampliado el dominio público marítimo-terrestre «hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos». Pero las zonas urbanas, como las islas privadas, tienen salvoconducto en esta exigente norma, aprobada en un mandato socialista y luego defendida con uñas y dientes por los mismos gestores populares que la habían recurrido en inconstitucionalidad.
Personalmente, siento vergüenza de que haya tenido que venir, el pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo a amenazar a España con congelar parte de los fondos comunitarios que recibe si no remedia los abusos urbanísticos; que haya recomendado paralizar inmediatamente los desarrollos que no respeten el medio ambiente y derogar «todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador». Pero Europa también condena las políticas que no garantizan el pleno respeto al derecho de propiedad privada, lo que es un varapalo encubierto a la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1991 que, con argumentos divergentes a los de otra decisión, de 29 de noviembre de 1988, dio la bendición a las expropiaciones no pagadas de terrenos que, con la legislación anterior, eran de particulares, argumentando que la concesión temporal ya era justiprecio. Haciéndose eco de las quejas ciudadanas de quienes habían comprado viviendas antes de 1988 en nuestro país, la Eurocámara llama a las autoridades a velar por que ningún acto administrativo obligue a ceder una propiedad con base en leyes aprobadas después de la construcción del inmueble. Y es que la Ley de Costas afirma que la resolución administrativa de deslinde se impone al Registro de la Propiedad. Y que iniciado un procedimiento de deslinde, que dura dos años, los particulares no pueden acudir a la justicia civil a defender su propiedad hasta que se resuelva definitivamente el expediente. ¿No es esa una limitación injustificable al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva? ¿Y no es un insulto gratuito que la misma Ley de Costas llame «detentadores», o sea, ostentadores ilegítimos, a quienes tenían inscrita desde antiguo su propiedad en el Registro?
C omparto plenamente la filosofía constitucional de que las playas y la ribera sean «en todo caso» del Estado. Entiendo, contra lo que dice doña Celia Villalobos, que no debiera haber chiringuitos en la arena. Me opongo a la subsistencia de construcciones que empezaron siendo casetas o chabolas y acabaron convirtiéndose en chalés en medio de un arenal. Defiendo con uñas y dientes la continuidad y el carácter expedito del tránsito por el litoral, las zonas de protección y prohibición edificatoria... Pero siempre respetando las garantías de los afectados y no metiendo en el mimo saco a personas con justo título y a okupas y caraduras varios.
Repito: me ruboriza que el Pleno de la Eurocámara haya aprobado con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el informe de la danesa Margrete Auken y lamento que se hayan pronunciado en contra los eurodiputados españoles del PP y que se hayan abstenido los del PSOE, partido que en los últimos años ha propiciado una importante reforma de la legislación de suelo. Aunque lo cierto es que el informe contiene estos párrafos demoledores: en España se «ha generado una forma endémica de corrupción» de la que son responsables todos los niveles de la gestión pública y un modelo de «desarrollo insostenible» ante el que las autoridades judiciales han demostrado que «no están debidamente preparadas» para responder eficaz y contundentemente a los abusos constatados. Y es ya la tercera vez en la que el Parlamento Europeo se pronuncia sobre el asunto en esta legislatura. Esto es lo que se llama una auténtica condena en costas.

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