Los vecinos de la urbanización Cimalmonte, en el barrio de La Pipa, parroquia de Somió, acusaron al Ayuntamiento de conceder una licencia de parcelación urbana que «vulnera la legalidad». Así lo advirtió a los medios de comunicación Daniel Suárez, uno de los vecinos afectados, quien compareció acompañado de sus abogados, Gerardo de la Iglesia y Tomás Antuña, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.
Los hechos denunciados se remontan a 1992. En ese año, el Ayuntamiento desarrolló un Plan Especial que permitía la edificación en 26 parcelas. A la hora del reparto, la parcela número 11 recayó en un particular que poseía unos terrenos aledaños y ajenos al Plan Especial, según indicó Suárez.
«Esa persona solicitó hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento que se le permitiera realizar una parcelación para añadir esos suelos», indicó el letrado Gerardo de la Iglesia. Según su relato, el Consistorio rechazó la petición «porque exigía cambiar el Plan Especial de toda la urbanización».
Sin embargo, esa situación cambió en noviembre de 2002. Tras un informe técnico favorable, el Ayuntamiento permitió la parcelación, al considerar que abarcaba «suelo urbano de baja densidad, ajustándose a lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana».
Para Daniel Suárez, esa licencia de segregación es «legalmente inviable». La citada parcela número 11 pasó de tener 587 metros cuadrados urbanizables «a tener dos parcelas de 810 metros cuadrados, cuyos accesos a los viales resultan tan estrechos que contravienen la legislación», aseguró De la Iglesia. «Hay una recalificación encubierta», apuntó.
Para los denunciantes, «existe un ánimo de lucro claro». Según la documentación que aportaron, los terrenos anexos y la parcela número 11 pertenecían en un inicio al propietario de la empresa 'Rama Grande S.L.', Fernando Ruiz Salvador, ex presidente del Gijón Baloncesto, y persona que en aquella época estaba vinculado a la construcción.
Ruiz Salvador vendió posteriormente a su mujer y a su hijo las parcelas segregadas. Éstos, a su vez, revendieron una el 2 de febrero de 2005 por un importe de 120.000 euros; y la otra, el 21 de abril de 2004, por 204.000 euros. Suárez aseguró que el propietario inicial compró la citada parcela en 1992 por 36.000 euros, por lo que con la segregación y venta de los terrenos el propietario obtuvo un beneficio de 288.000 euros, siempre según Suárez.
«No es un 'caso Blanco'»
Daniel Suárez denunció los hechos ante el Ayuntamiento de Gijón el pasado 6 de mayo. Su relato apunta directamente a Ruiz Salvador, quien ayer se mostraba «muy sorprendido». «Sé que este señor era un vecino, pero si el Ayuntamiento permitió la parcelación, sería porque era legal», apuntó. «No busquen donde no hay, esto no es un 'caso Ovidio Blanco'», adujo en conversación teléfónica. Según esgrimió «esos hechos son muy antiguos, no me acuerdo bien de ellos».
