Víctor González Marroquín ha sido la diana donde en los últimos tiempos han ido a parar la mayor parte de los dardos de la oposición en la Junta General. El director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA) defiende la transparencia de su gestión, al tiempo que censura la «connivencia» entre el PP y la Sindicatura e Cuentas.
-¿Cuánto percibe de sueldo Víctor González Marroquín?
-100.843,59 euros anuales, exactamente.
-¿Por qué el PP asegura que usted ha ocultado sus retribuciones?
-No sé lo que está haciendo el PP. Se ha dicho de todo, hasta que ganaba tanto dinero como Onassis... A mi juicio es un debate de bajo nivel y no quiero perder el tiempo en discusiones impresentables. Hasta ahora no se me ha tratado con respeto y por esa razón no me ha hecho ningún tipo de gracia.
-¿Por qué motivo le han utilizado a usted desde la oposición como ariete contra el Gobierno regional?
-Independientemente de mis vinculaciones personales, el IDEPA es un organismo muy importante y que está haciendo una labor muy positiva para Asturias. El PP, mientras tanto, tira a todo lo que se mueve. Su objetivo es claro: no quieren que las cosas funcionen en esta región. Están instalados en el 'cuánto peor mejor'. Los ataques vienen por ahí. Esto mismo le está pasando a otros organismos públicos que están contribuyendo, al igual que el IDEPA, a luchar contra la crisis.
-¿No cree entonces que su condición de marido de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo haya influido?
-En un principio, quizás sí, pero en los últimos meses la estrategia va en otra dirección.
-¿Piensa que el PP actúa bajo el dictado del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo?
-Lo que yo opine no tiene trascendencia. El ataque viene porque se agrede a todo lo que va bien. Ahí tiene como ejemplo la demanda interpuesta por el PP contra el Ayuntamiento de Somiedo por una instalación importante para reactivar económicamente el municipio y que va a crear decenas de empleos. Esto demuestra cuáles son las razones verdaderas que mueven al PP.
-Ante la dureza de los ataques de la oposición hacia su persona y su labor en el IDEPA, ¿en algún momento se llegó a plantear dimitir?
-Para tomar esas decisiones debe haber algún motivo. Si la razón fuera no desvelar el sueldo, las descalificaciones se caen por sí solas.
-Pero el PP insiste en que usted debe responder de «irregularidades» en la gestión.
-Me hace gracia que el fondo de la acusación sea el parentesco y no decir cuál es mi sueldo. Si hubiera alguna acusación fundamentada, a estas alturas de la jugada, habría caído por un ataque abrumador.
-¿Ha echado de menos el respaldo de sus superiores?
-En el IDEPA hemos hecho el trabajo que nos han encomendado. Hemos cumplido con los objetivos, obteniendo resultados muy buenos y, por tanto, creo haber respondido a todos los que han depositado su confianza en mí. Si el trabajo se hace correctamente y nuestra labor satisface a los empresarios, no hay motivos para dudar de ella.
-De todas formas, ¿se ha sentido solo en algún momento?
-Si no tuviera la confianza de mis jefes aguantaría 24 horas como mucho. Puedo asegurar que tengo plena sintonía con el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre; el presidente del Gobierno asturiano, y el grupo parlamentario socialista. Me siento perfectamente integrado y respaldado.
Interpretaciones
-Usted desafió a la Sindicatura de Cuentas en esa misma comparecencia. «A ver quién puede más», espetó en la Junta. ¿Por qué reaccionó así?
-Esa frase es parte de una mala interpretación. En ningún momento desafié a la Sindicatura. Simplemente recordé que ante un informe, un borrador que no está ratificado por la Cámara, existe un contra-informe de los técnicos. Certificar la eficacia o no de las medidas pertenece al propio organismo y el Parlamento sólo puede opinar sobre las posibles mejoras que se pueden introducir dentro del ámbito técnico. Lo que no me parece aceptable es que haya una manipulación política de forma sistemática. No tanto de la Sindicatura, sino de sus opiniones. El PP trataba de imponer las opiniones del órgano fiscalizador por encima de los técnicos del IDEPA.
-¿Confía en la objetividad de la Sindicatura y sus integrantes?
-La Sindicatura estuvo trabajando en nuestra sede sin ningún problema y tuvo toda la libertad para elaborar su informe. Dicho esto, yo hablaría de dos aspectos diferentes en el propio órgano. Por un lado, la parte técnica de la que, lógicamente, podemos discrepar. El IDEPA está acostumbrado a tener numerosas auditorias que fiscalizan su gestión. Entiendo, igualmente, que dentro de la legalidad puede haber irregularidades. Forma parte de la normalidad. Lo que no forma parte de la normalidad son las conclusiones. No tienen sentido. Así lo reconoció el profesor Bocanegra en las alegaciones que presentó a esos análisis. En resumidas cuentas, aceptamos la parte técnica, pero creemos que las conclusiones se escapan de la razón.
-¿Piensa que hay connivencia política entre la Sindicatura de Cuentas y el Partido Popular?
-Sin duda. Está clara la interpretación política que se hace de determinadas actuaciones.
-¿Qué opina de las filtraciones que se realizan desde el órgano fiscalizador?
-Leí un artículo de un síndico en el que aseguraba que la filtración de un informe interno descalificaba al propio organismo. Sobran más palabras.
-No me negará que usted perdió los nervios en el Parlamento, quizás producto de la tensión.
-En ningún momento, se lo puedo asegurar. Yo tengo una forma de expresarme vehemente, pero no más de ahí. Mi trayectoria habla por sí sola. Soy la persona que más tiempo lleva al frente de un instituto de promoción económica en España.
-Pero usted les retó...
-El problema es la escenificación. Hay un partido que quiere hacer de la Sindicatura una palanca de oposición. Le atribuyen a este órgano fiscalizador la verdad absoluta y no es cierto. Hacen interpretaciones determinadas para utilizarlas contra nosotros.
-¿Echa de menos más independencia en la actuación de la Sindicatura?
-Ahí no quiero opinar. Con el paso de las semanas, creo que está teniendo un tono más adecuado a lo que debe ser un organismo de control. Lo que tenemos que esperar es que se ajuste más a la parte técnica para que las cosas salgan adecuadamente. Nadie debe olvidar el cuento de Pedro y el lobo. Llevan tiempo avisando de que viene el lobo y cuando venga de verdad igual pasa inadvertido.
-De todas formas, entenderá las sociedades públicas del Principado pueden generar sospechas. Si los responsables de estas entidades no tienen nada que ocultar, ¿por qué se negaron a revelar su sueldo en la Junta?
-No me puedo pronunciar.
-¿Pero qué problema hay?
-El salario de cada uno es algo íntimo de la persona. Si alguien quiere extorsionarle sabe hasta dónde puede llegar. La persona tiene derecho a salvaguardar su intimidad. Una cosa es que la información salarial se publique en los conductos oficiales, pero las exhibiciones de los salarios tienen elementos importantes para las personas.
-Aclare una cosa. Si son entidades públicas, ¿no tienen ustedes la obligación de revelar ese tipo de datos?
-Eso es una falacia. Lo que se publica en el BOPA es público; lo contrario, no. Se está confundiendo lo público con lo publicable. Insisto, revelar el sueldo puede tener cierto riesgo y pedirlo como lo están haciendo algunos es propio de una actitud impresentable.
Asturgar
-A usted le criticaron, según ellos, por no querer facilitar información sobre Asturgar.
-No hubo problema en el tema de Asturgar. La sociedad contestó adecuadamente y se reconoció que no podía intervenir en una entidad donde el capital público es menos de la mitad.
-Pero la Sindicatura, le recuerdo, pidió que esas sociedades también puedan ser fiscalizadas.
-Los síndicos tienen su opinión y la jurisprudencia tiene la suya. Lo que está claro es que no pueden estar por encima de las competencias que tienen atribuidos los demás.
-Cualquier ciudadano se puede preguntar las razones de ese teórico oscurantismo. ¿Acaso tienen algo que ocultar las sociedades?
-Ese es un planteamiento tramposo. Las sociedades tienen una cartera de negocios. Revelar una serie de datos sobre ellas puede dar ventaja a la competencia. Es que por el mero hecho de publicar esa información en un lugar público puede verse sacada del mercado.