El Gobierno central elude concretar el proceso de cierre de la fábrica de La Vega

«Por lo que respecta al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil únicamente emitió un informe dirigido a la Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, sobre aspectos de seguridad ciudadana». Con esta escueta respuesta ha contestado el Gobierno central al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que le exigió explicaciones sobre un «pacto secreto» entre el Estado y la empresa Santa Bárbara Sistemas para el cierre de la fábrica de armas de La Vega en 2012.

Según la pregunta enviada por el diputado al Congreso, el Ministerio de Defensa consensuó, en colaboración el de Interior, Industria y la Delegación de Gobierno, el traslado de la producción y la plantilla de la planta ovetense a la de Trubia ya en 2011. Y lo hizo con la emisión de informes favorables y tras pactar unas condiciones favorables para la empresa, dijo, durante la negociación de la prórroga del contrato de alquiler de las instalaciones en 2011.

En total, la operación costó unos 6,754 millones de euros. Los correspondientes al traslado de personal y maquinaria son 3,4 millones. Todo con el compromiso de mantener la plantilla y la producción. Algo que, insistió Llamazares, no se cumplió por parte de la multinacional que compró las antiguas fábricas estatales al Gobierno del José María Aznar en 2001.

Con esta información, Llamazares quería saber «cómo justifica el Gobierno su pacto en 2011 con la multinacional estadounidense General Dynamics para el cierre de la fábrica de armas de La Vega, cuando posteriormente argumentó que el Estado no podía intervenir», por qué concedió informes favorables y por qué no obligó a la empresa a mantener la producción.

El ERTE

En cuanto al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado durante este verano por la falta de carga de trabajo y que afecta en Trubia a una media de 213 empleados al mes, el Gobierno central lo vincula a una decisión de una empresa privada: «Ha recurrido a medidas de flexibilidad interna como es la suspensión del contrato de trabajo como alternativa a la figura del despido».

En cuanto a las condiciones de dichos obreros en caso de ser despedidos, el Gobierno central explica en su respuestas las condiciones generales para todos los trabajadores, no solo los de la fábrica, en estos casos.