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SUSANA NEIRA
Jueves, 4 de diciembre 2014, 00:25
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El comité de empresa de la fábrica de armas de Trubia estudia adoptar medidas de presión, como paros a partir de enero de 2015, para que la dirección de Santa Bárbara readmita a los despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado en 2013 ahora que hay previsiones de lograr nueva carga de trabajo. Fundamentalmente con la producción de vehículos blindados con destino al ejército británico.
Los representantes de los trabajadores se reunieron ayer con los responsables de la empresa en una reunión del comité intercentros y les instaron a abrir una mesa de negociación para abordar este asunto. No hubo suerte. Hasta ahora, la empresa no se ha mostrado favorable a la readmisión, más aún después de haberles entregado la correspondiente indemnización.
Santa Bárbara Sistemas trasladó en 2012 la plantilla y maquinaria de la planta de La Vega, que clausuró, a Trubia. Medio año después, en febrero de 2013, anunció un drástico recorte de plantilla ante la caída de la producción que afectó a todas sus plantas en España.
Tras terminar sin acuerdo el proceso de negociación con la parte social, aplicó un ERE que dejó a 246 obreros fuera de Trubia, la mayor parte a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. Otros 55 salieron con una carta de despido. A esto siguió un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), actualmente en aplicación.
A partir de ahí iniciaron un proceso que está pendiente de la resolución de un recurso en el Supremo y que podría obligar a una readmisión, si es favorable para los trabajadores.
En estos últimos meses, los despedidos también han recibido el apoyo del Ayuntamiento y el Gobierno regional. Han aprobado varias mociones y proposiciones para instar tanto al Ministerio de Defensa -el principal cliente de la compañía- como a Santa Bárbara a que dichos empleados se incorporen a la plantilla de las antiguas fábricas estatales, privatizadas por el Gobierno de José María Aznar en 2001.
Ahora son los comités de empresa de las factorías quienes solicitan abordar este asunto ante las previsiones de que será necesario un incremento de la mano de obra y si no, adoptarán medidas de presión.
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