Borrar
El Palacio de Congresos de Buenavista, gestionado por el Ayuntamiento.
¿Y si el Palacio sale gratis al Ayuntamiento?

¿Y si el Palacio sale gratis al Ayuntamiento?

Un fallo judicial libró al Consistorio gijonés de pagar a la concesionaria del Hotel Palacio de La Llorea por las obras ejecutadas

GONZALO DÍAZ-RUBÍN

Lunes, 29 de diciembre 2014, 00:25

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La doctrina del Tribunal Supremo se llama del 'enriquecimiento ilícito de la Administración'. Se resume en que la cosa pública no puede verse beneficiada, recibir nuevos bienes o servicios, sin pagar por ellos su precio. Tal es la amenaza que pesa sobre la resolución del contrato de 'los palacios', en la que la empresa Jovellanos XXI -en realidad, sus administradores concursales y acreedores- reclaman al Ayuntamiento no menos de 45 millones de euros por el Palacio de Congresos de Buenavista. Tanto los mandatados por el Juzgado de lo Mercantil, Lexaudit, como el Banco Santander, anunciaron este mes la interposición de sendos recursos contenciosos contra la liquidación del contrato, ante los Juzgados número 3 y 6, respectivamente, de Oviedo.

En estos pleitos (o pleito, si los recursos se acumulan) se decidirá si el Ayuntamiento debe pagar y cuánto por las obras en El Vasco y Buenavista.

En diciembre del año pasado, el Consistorio acordó resolver el contrato de 'los palacios' por los incumplimientos graves de la contratista, y en febrero recibió las llaves del equipamiento, desde entonces bajo gestión municipal. En abril, hizo cuentas y le salió que, en lugar de tener que pagar a la empresa por lo construido, esta le debía casi 95 millones de euros por los derechos inmobiliarios recibidos en exceso, todos entregados por el Consistorio a lo largo de la operación.

La cuenta no podía satisfacer ni a los administradores concursales (la empresa se encuentra en liquidación) ni a los acreedores. El único activo de la sociedad cuando se acogió al concurso era la concesión del Palacio de Congresos hasta el año 2061, hipotecada, precisamente con Banesto, poco antes de su absorción por el Banco Santander. Su única opción es que el Ayuntamiento pague por la resolución del contrato y el rescate de la concesión. Según la doctrina del Supremo, el Consistorio ha recibido un Palacio de Congresos en propiedad, valorado en 45 millones por los administradores, por el que debería de pagar. Pero puede no ser así.

Paralelismo

Fuentes jurídicas resaltan la relevancia de una sentencia dictada por el Contencioso número 1 de Gijón y que podría ser ratificada en breve por el TSJA en el pleito entre el Consistorio gijonés y la concesionaria del Hotel Palacio de La Llorea. El caso guarda un claro paralelismo.

La empresa , en febrero de 2001, asumió unas inversiones, necesarias para poner en marcha el hotel, a cambio de su explotación durante 40 años, prorrogables por otros 10. El municipio certificó las obras y devolvió el aval, tal como, no sin polémica, hizo el equipo de gobierno municipal de Oviedo con un talón de más de 8 millones que reintegró a Jovellanos XXI pese a los problemas de la obra, los incumplimientos de la contratista y la situación concursal de la empresa.

La única diferencia reseñable es que en este antecedente gijonés, fue la empresa la que solicitó la resolución del contrato con el objetivo de poder recuperar la parte no amortizada a la inversión, unos 3 de los 6 millones de euros gastados. El 'enriquecimiento ilícito' del que se habría beneficiado el concejo de Gijón.

El resultado, sin embargo, es que no ha lugar a pago alguno a la empresa por las obras ejecutadas. El magistrado Jorge Rubiera deja sentando en la sentencia que la legislación aplicable es el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 2000, el vigente en el momento de la firma del contrato. El acuerdo entre Jovellanos XXI y el Ayuntamiento de Oviedo también se firmó en 2001, bajo ese mismo régimen. Y el detalle es importante. La figura del contrato de obra y concesión pública, famoso en Oviedo por los 'spas' fallidos, pero en todo el país por el rescate de las autopistas radiales de Madrid, no se introdujo en el ordenamiento hasta 2003.

Rechaza también que se trate de la resolución de un contrato de obras, en el que sí habría que pagar la parte realmente ejecutada, o que se trate de un caso de contrato de servicios pues la empresa no se ajustó a su cumplimiento. No cumplió el plazo. Recuérdese que Jovellanos XXI apenas pasó un año como gestor del Palacio de Congresos y ello, según el Ayuntamiento, subcontratando el servicio a El Corte Inglés.

Tampoco cabe hablar de una resolución debida a causas de «fuerza mayor», o a la crisis económica que lo justifica todo, como causa de las dificultades económicas que conllevaron la resolución del contrato. Por un lado, porque el pliego, como el de Jovellanos XXI, especifica que la gestión se asume a riesgo y ventura. «Ha de recordarse que el plazo de la concesión era de 40 años», explica el magistrado, «durante cuyo tiempo es más que previsible la existencia de periodos de crisis económica, lo que corresponde valorar a la empresa a la hora de hacer su oferta».

Contra el enriquecimiento

Termina Rubiera desmontando el enriquecimiento injusto de la Administración a costa del concesionario. «Ciertamente la reversión del bien al Ayuntamiento en virtud de la resolución conlleva un ingreso extraordinario para el mismo», admite, pero «tal ingreso no resulta contrario al equilibrio de la concesión», porque «no puede interpretarse» este en el sentido de «actuar como un seguro gratuito» frente «a las decisiones y gestión económica efectuadas por la empresa». Y concluye que el enriquecimiento existe, pero no es injusto sino una consecuencia del riesgo y ventura «expresamente pactado entre las partes».

El paralelismo es claro, pero aún falta que el TSJA avale el fallo, como indican fuentes judiciales, y que el Supremo fije doctrina. El pleito iniciado por Lexaudit y el Banco Santander será largo y es peligroso para las arcas municipales, pero empieza como mejores auspicios de los esperados. Tal vez, la fe del alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, en que el Palacio de Congresos no costará un euro a los ovetenses acabe por ser casi cierta. No lo será, ni en el mejor de los escenarios, porque, según el propio Ayuntamiento a la empresa ya se le entregaron «bienes y derechos en exceso» por casi 95 millones de euros.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios