«Me dieron media hora para recoger, que me tomara la tarde libre y el lunes no volviera»

Más de una cuarta parte de los 639 Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) registrados en Asturias el año pasado pertenecieron a empresas del municipio. Una puerta de salida para 630 trabajadores que de un día para otro se vieron en la calle. Un goteo constante en los últimos años (210 ERES en 2013, 291 en 2012, 195 en 2011...) al que algunos colectivos, lejos de resignarse por la manida crisis, han decidido plantarle cara. Es el caso de los despedidos de la fábrica de armas de Trubia, Sedes, el hotel de La Reconquista o la residencia del Naranco. O, poniéndoles nombre, de Cristina, Fernando, Lorena, Javier y otros muchos compañeros. Ellos son trabajadores en lucha.

Trubia, pendiente de un fallo

Oviedo perdió una de sus dos fábricas de armas, la de La Vega, en octubre de 2012. Solo seis meses después, Santa Bárbara Sistemas presentó un plan de reestructuración alegando cuestiones económicas y productivas. Sin acuerdo con los sindicatos, el 10 de mayo, a las 13.50, diez minutos antes de entrar en su turno, Javier Álvarez fue citado por la dirección para recoger la carta de despido. «Nos trataron como a delincuentes. Me dieron media hora para recoger, que me tomara la tarde libre y el lunes no volviera». De un plumazo adiós a 37 años y medio de trabajo.

En total, 55 obreros con entre tres y cuatro décadas de experiencia en la planta se vieron en la calle. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) terminó con la salida de 246 personas incluyendo los prejubilados y las bajas incentivadas. Al cesar los contratos relevos la cifra aumenta «a unos 300».

Ese mayo de 2013 empezó «un calvario». Las concentraciones y reuniones con políticos - «que siempre tienen buenas palabras y pocas acciones», valoran-, se alternaron con la vía judicial. Un primer fallo declaró legal ese ERE y uno más reciente, del Tribunal Supremo, ordena a los mismos jueces de la Audiencia Nacional repetir la sentencia incluyendo las aportaciones de sindicatos excluidos.

Así llevan 22 meses en un tira y afloja, donde la llegada de nuevos contratos y más carga de trabajo les alienta. «No le deseo a nadie que pase por esto», asegura Javier Cañedo, otro de los afectados. Mientras tanto seguirán al pie del cañón porque «detrás de estos conflictos hay familias», explica el colectivo.

Un encierro por Sedes

El caso de los despidos en Sedes saltó a la luz pública en 2014, cuando los trabajadores se encerraron en el edificio cerrado a cal y canto por la empresa pública en la calle Uría. En realidad, los problemas se remontan a 2007. «Las dificultades comenzaron cuando la empresa compró de forma indebida parte del edificio de Calatrava y adquirió una deuda de 90 millones de euros. Quedó descapitalizada y comenzaron los despidos porque no podía afrontar la deuda», explica Cristina Pontón, portavoz de los trabajadores.

El goteo de despidos fue progresivo desde entonces, aunque se paralizaron durante los meses del Gobierno de Foro. En enero de 2013, con el PSOE de nuevo en el Ejecutivo regional, regresaron los recortes de personal y lo hicieron con toda virulencia. En ese momento se planteó un ERE de 47 trabajadores de una plantilla que sumaba el centenar. En la negociación de esa regulación de empleo se ocultó información ya firmada por la empresa, que suponía la retirada de la paga de Navidad. Se había negociado con ausencias y el expediente fue declarado nulo en los tribunales. Sin embargo, esos trabajadores nunca regresaron a la empresa.

«Se llegó a un acuerdo de mejora económica y no se reincorporaron. Se cerró el caso a golpe de talonario», cuenta Pontón. Paralelamente había un ERTE en marcha que también se cerró con acuerdo. «Por nuestra inexperiencia. Hoy leo el acuerdo y se me caen las lágrimas. A día de hoy jamás lo firmaría», lamenta. Porque no supuso la paz para los trabajores de Sedes. Siguieron nuevas regulaciones, una bajada salarial y, cuando parecía que nada podía empeorar, llegó un nuevo ERE para 32 empleados. «Curiosamente hay once personas que se libraron en todas las ocasiones de ERES y despidos».

Esta vez no iban a aceptar ni uno solo y el periodo de negociación terminó sin acuerdo. Fue entonces cuando los empleados se encerraron en el edificio de Uría durante cinco meses. El ERE fue de nuevo nulo y los trabajadores se han reincorporado a la empresa. «Lo que queríamos era solo trabajar. Ha quedado demostrada que la viabilidad de la empresa existe». De momento han firmado un plan de trabajo para tres años, pero no creen que el conflicto esté solucionado. Solo en «pausa».

Readmisión en el Reconquista

El pasado diciembre, la dirección del hotel de la Reconquista despedía a cinco trabajadores pertenecientes a la cafetería Rey Casto aludiendo las pérdidas que generaba este espacio. Los empleados se movilizaron desde el primer momento exigiendo su readmisión, con concentraciones frente al establecimiento y a la Consejería de Empleo y Economía. El comité de empresa denunció un incumplimiento del contrato por el cual la empresa gestora del hotel, Hotusa, debía mantener al personal que trabajaba en el establecimiento cuando en agosto se hizo cargo de la gestión. Además de otros puntos del contrato que supuestamente estarían siendo infringidos.

Entre los despedidos estaba Fernando Sanz. Trabaja en la cocina desde hace 38 años y le encanta: «Cuando me despidieron lo pasé muy mal psicológicamente, sobre todo por el entorno familiar, porque a la familia nos ha fastidiado». Los cinco trabajadores afectados hicieron piña. «Junto con los demás sacaba fuerzas para seguir peleando. Nos ayudamos mucho entre nosotros», explica.

Tres de los despedidos llegaron a un acuerdo con Hotusa pero Sanz, junto con el segundo metre, fueron los únicos que terminaron en juicio contra la empresa y la sentencia de la vista consideró los dos despidos como improcedentes. Aunque la sentencia está recurrida por Hotusa, Fernando ha sido readmitido y se reincorporó el miércoles: «Estoy muy contento y en el trabajo estoy bien aunque no es lo mismo, interiormente sientes resentimiento por los malos ratos que pasas». Le quedan solo trece meses para acogerse al convenio de prejubilación y espera trabajar tranquilo hasta entonces.

Al segundo metre le han ofrecido una indemnización aunque reclama su readmisión y por ello, continurá con su lucha.

En la residencia del Naranco

Tras detectar deficiencias en el edificio que albergaba la residencia del Naranco, en el verano de 2013 el Principado cerró el centro para comenzar los trámites para la rehabilitación. En ese momento, las trabajadoras de la cocina pertenecientes a una subcontrata entraron en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que llevan desde entonces pendientes de una reubicación que no llega.

«Hemos pedido varias reuniones con el gerente de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), José Manuel López, y no nos recibe. Queremos un compromiso de reubicación y poder volver al trabajo», asegura Lorena Barreira, portavoz de las trabajadoras. En el momento del anuncio del cierre Lorena llevaba cuatros años y estaba embarazada, en situación de baja maternal y en proceso de separación de su pareja. «Se me vino el mundo encima, fue una situación muy complicada pero tengo que luchar. Después de dos años sigo con la misma incertidumbre», relata la portavoz.

El contrato está suspendido y en teoría, una vez finalizadas las obras, (que están presupuestadas en 8,7 millones más IVA y ahora mismo están en fase de licitación), se reincorporarían al puesto que tenían antes. Mientras tanto, piden que las destinen a alguna de las residencias que el ERA tiene previsto inaugurar este año. «El paro se acaba en septiembre y voy a seguir luchando», señala. Tanto ella como sus compañeras están barajando unirse a la Asamblea de Trabajadores en Lucha.