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El administrador de Jovellanos XXI trata de anular la hipoteca del Palacio de Congresos

El administrador de Jovellanos XXI trata de anular la hipoteca del Palacio de Congresos

Lexaudit presenta un incidente concursal para que los créditos del Banco Santander dejen de ser privilegiados

GONZALO DÍAZ-RUBÍN

Lunes, 20 de abril 2015, 00:23

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A estas alturas, Jovellanos XXI, la otrora orgullosa promotora y concesionaria del Palacio de Congresos, es una sociedad en liquidación administrada, por mandato del Juzgado de lo Mercantil Número 9 de Madrid, por un despacho, Lexaudit, especialista en concursos de acreedores. Contra este y contra el principal acreedor, Banco Santander, pleitea el Ayuntamiento para evitar pagar por el rescate de la concesión una cifra entre 45 y 96 millones de euros, las que le reclaman ambas partes en sus recursos contra la liquidación del contrato. Hasta ahora Lexaudit y la entidad financiera peleaban juntas, puede que ya no lo hagan. El administrador ha presentado ante el Mercantil un incidente concursal en el que solicita al juez que anule la hipoteca del Banco Santander sobre la concesión del Palacio de Congresos. Dos créditos que suman 63 millones de euros y que, según Lexaudit, supusieron un perjuicio para la masa activa, para los activos de la sociedad.

La legislación concursal permite la rescisión de cualquier acto perjudicial para los intereses del concurso tomado en los dos años anteriores a la declaración de la insolvencia. El Ayuntamiento autorizó la hipoteca sobre la concesión en marzo de 2010 con Bancaja. El crédito no se firmó, sin embargo, hasta julio de 2011, con Banesto antes de su integración en el Santander, con el Palacio de Congresos ya abierto y apenas cuatro meses antes de la declaración del concurso.

Consecuencias

La legislación concursal facilita mucho la rescisión de actos perjudiciales para la masa, aunque será el juez el que tendrá que tomar la decisión definitiva. Si acordase la rescisión de la hipoteca, la deuda del Banco Santander dejaría de tener consideración de privilegiada -todas las hipotecas, por tener como garantía un bien real, lo son a efectos concursales; son las primeras que se pagan- y pasaría a ser deuda subordinada contra la masa. Y para cobrar lo tendría más difícil. Lexaudit juega ahora en contra de los intereses de la entidad financiera.

Por que lo ambos comparten es una expectativa de cobro frente al Ayuntamiento. El principal activo de la empresa creada por las familias Cosmen y Lago es la concesión, los derechos de explotación, del Palacio de Congresos hasta el año 2061 y es una amenaza millonaria para el Ayuntamiento. La doctrina del Tribunal Supremo se llama del «enriquecimiento ilícito de la Administración». Se resume en que la cosa pública no puede verse beneficiada, recibir nuevos bienes o servicios, sin pagar por ellos su precio. Tampoco en el caso de un Palacio de Congresos con varios fallos de diseño.

Hasta ahora la justicia ha avalado la resolución del contrato aprobada por el Ayuntamiento, semanas antes de que el juzgado declarase el concurso voluntario de acreedores a instancias de la empresa.

Lo hizo por los «gravísimos» incumplimientos de la empresa. Entre ellos, el cobro de tarifas no autorizadas, la subcontratación total de la concesión y el haber financiado con cargo a la hipoteca sobre la concesión obras ajenas a las del Palacio de Congresos, como las de El Vasco, que meses después caía también en suspensión de pagos. Contra la resolución del contrato recurrieron, casi juntos, Lexaudit, como administrador concursal, y el Banco Santander. La entidad, incluso, reconoció que con su hipoteca se financiaron obras distintas a las del centro de congresos, entre ellas las del hotel (hoy hotel Ayre Oviedo) y las del aparcamiento. El juzgado dio la razón a las tesis de Abogacía Consistorial. De hecho, el préstamo se firmó con el Palacio de Congresos ya operativo.

La pelea ahora es por el dinero. Tras resolver el contrato, el Ayuntamiento aprobó una liquidación en la que reclama 95 millones de euros a la empresa por el exceso de derechos edificatorios recibidos por la empresa del Consistorio. Contra esta liquidación, de nuevo recurrieron en dos órganos judiciales distintos, el administrador y el Banco Santander, pero la unidad de intereses no podía durar.

Querer cobrar

El incidente judicial busca que los créditos del Santander no tengan privilegio especial, porque, en caso, de lograr que el Ayuntamiento pague por el Palacio de Congresos, el grueso, si no todo, el dinero iría a las arcas de la entidad financiera.

En cambio, si el juez acepta la rescisión pasarían a ser créditos subordinados, los últimos en saldarse. El administrador tendría margen -siempre contando con que la liquidación del contrato se salde en contra de los intereses municipales- para satisfacer a la totalidad de los acreedores -además de las administraciones y la Hacienda, figura Ipezsa por casi 8 millones de euros- y cobrar sus honorarios y aranceles.

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