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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
Lunes, 31 de agosto 2015, 00:37
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Los años de la burbuja inmobiliaria que aún escuecen también tocaron al Oviedo Antiguo. En agosto de 2005, hasta seis edificios protegidos del espacio protegido por el PPR-1, el plan parcial de rehabilitación redactado para preservar la parte vieja de la ciudad, habían sucumbido a la piqueta y, a la vez, al «fachadismo», como lo llamaba la oposición. Se trataba de inmuebles que habían ido rebajando su grado de protección hasta parcial o ambiental en los que el PGOU autorizaba la reestructuración total o parcial con la salvedad de la fachada. O ni eso. El Ayuntamiento concluyó esos días el derribo de los edificios de El Caballo y El Chiquito en la plaza de la Constitución para dejar sitio a la nueva oficina de turismo municipal, ahora gestionada por el Principado. También calleron los edificios, todos centenarios, de Jesús, 5; los impares de Altamirano; Fierro, 3; Cimadevilla, 3 y Riego, 5. Los dos últimos tuvieron su historia después.
En 2005.
Seis edificios protegidos de la ciudad cayeron bajo la piqueta.
Parcial.
En los seis casos, la protección se limitaba a la envolvente del edificio o a la obligación de reconstruirlos conservando ciertos elementos.
Privados, pero no solo.
El Ayuntamiento derribó tres pequeños edificios para dar paso a la oficina de turismo.
En Cimadevilla 3, reconstruido por Diher, sentó sus oficinas Implant Mounts, la empresa a través de la cual Marta Renedo hizo, presuntamente, algunas de sus fechorías. También sirvió, extrañamente, para guardar algunas obras del Bellas Artes durante las obras de ampliación inauguradas a medias. En Riego, 5, la constructora Entorno Asturiano tuvo mucha suerte. Un incendio, iniciado en la pizzería cerrada de los bajos e intencionado, según los Bomberos, destruyó la mayor parte del inmueble. El Ayuntamiento, por el medio, autorizó a incrementar la edificabilidad si el fin del inmueble a reconstruir era el uso administtrativo. Cuando la empresa inició la reconstrucción, ya tenía comprador. El Principado pagó 14 millones de euros para convertir el recrecido inmueble en sede de la Sindicatura de Cuentas.
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