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Una imagen de las naves construidas por Bitácora en la parcela B-16 de Olloniego que el Ayuntamiento había adjudicado a Urvisa.
El fiscal mantiene la acusación contra Reinares y Mortera por prevaricación en Olloniego I

El fiscal mantiene la acusación contra Reinares y Mortera por prevaricación en Olloniego I

Hace lo mismo con la jefa de Patrimonio y el adjunto de Licencias, pero pide desimputar a Iván de Santiago y a la jefa de Licencias

Gonzalo Díaz-Rubín

Jueves, 8 de octubre 2015, 00:13

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Como una hormiga, el fiscal Alejandro Cabaleiro ha ido juntando miguitas. Cotejando declaraciones de testigos e imputados, con los actos administrativos del expediente y el registro informático de 'pasos' del Ayuntamiento. Reconstruyendo unos hechos y relaciones que comenzaron a fraguarse en el siglo pasado y que desembocaron en una resolución de la junta de gobierno de 2008. En ella, el Ayuntamiento acordó devolver los avales a Urvisa, tras haber cumplido todos los requisitos de los pliegos por los que se le adjudicó en 2002 una de las mayores parcelas del polígono industrial de Olloniego, la B-16, de 16.000 metros cuadrados. Lo único es que, sostiene la Fiscalía en un nuevo escrito al juzgado, no los había cumplido y una serie de concejales y funcionarios maniobraron para obviarlo o no frenaron la irregularidad pese a conocerla.

Cabaleiro solicita a la instructora, Maria Luisa Llaneza, que mantenga la imputación de los exconcejales del PP Jaime Reinares y Alberto Mortera, y del funcionario responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y de la jefa de la sección de Patrimonio, M. R. C. F., y se dicte «auto acordando seguir los trámites» contra ellos. De la lista de imputados se caen, sin embargo, el que fuera concejal de Patrimonio, Iván de Santiago, y la responsable de Licencias, B. M. C. Del primero, señala, que no era miembro de la Junta de Gobierno ni se puede acreditar que, cuando esta le encomendó levantar escritura, conociese los pormenores del expediente; de la segunda, que simplemente firmaba lo que su subordinado le pasaba.

Es este, J. R. d. L. C., el nombre o el apócope de su apellido ('Tales') que más se repite en el escrito de 63 páginas del fiscal. Lo señala como «responsable directo de la tramitación» del expediente. También, «el autor del informe de fecha 1 de agosto de 2008», el que dio pie a la devolución de la fianza, pese a que «no se ajustaba a la verdad».

El fiscal incide en su escrito que en el expediente bajo su control son habituales los viajes en el tiempo. «Es frecuente», señala, «que se anote el 'paso' antes incluso de que conste presentado por registro el documento que lo justifica». También, que inició o dio curso a «muchas acciones que no reflejaba en el expediente, dando lugar a dicha tramitación paralela».

Entre otras muchas cuestiones, señala que era el responsable directo de hacer cumplir la licencia y los plazos establecidos en su tramitación. Sin embargo, en lugar de aplicar la normativa ante los incumplimientos reiteraba o reiniciaba trámites de audiencia, dilatando plazos y sin tomar las medidas que la realidad dictaba: la incoación de expediente, en unos casos, la resolución de la licencia, en otros, o la nulidad de algunos actos.

¿Qué era la realidad? La realidad es que Urvisa compró suelo industrial en el polígono de Olloniego subvencionado por las administraciones públicas y sujeto, por su precio ventajoso, a unas estrictas condiciones. A saber, debía iniciar las obras de la nave antes de dos años y poner en marcha su proyecto industrial de acuerdo al presentado y no podía revender la parcela hasta transcurridos dos años del inicio de la actividad.

Nada de esto hizo Urvisa en la B-16. Cuando se solicitó la licencia de obras, en 2005, «ya habían transcurrido los dos años» de límite y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado a Urvisa en 2003. Tampoco nadie veló porque se cumpliese el proyecto, ni los plazos. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de la licencia, que ya estaba vencida. La concedió Agustín Iglesias Caunedo en julio de 2006, en virtud de un informe de 'Tales' que decía que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada». Falso, resalta Cabaleiro, un informe de diciembre de ese año dice que «las obras no han comenzado». Solo estarán en marcha cuando la empresa pida la licencia de actividad casi dos años después. En un momento, se tramitan a la vez la licencia de obras, la de primera ocupación, la de actividad y el modificado de la de obras.

De todo ello, sostiene el Ministerio Público, era perfecto conocedor el entonces concejal de Licencias, Jaime Reinares, que hacía un seguimiento semanal de la situación de las parcelas del polígono, que participó en todo el proceso, desde Gesuosa, y que conocía «perfectamente» desde febrero de 2007, al menos, que Urvisa ya no era la propietaria de la parcela, «pues firmó un requerimiento» dirigido a Bitácora. También «existen indicios fundados» de su amistad con los empresarios. Aunque el edil alega que cuando se devolvió la fianza había sido cesado por Gabino de Lorenzo, no hizo nada para evitar las irregularidades que conocía, dice el escrito.

A Reinares le había sustituido Alberto Mortera, que también conocía que Bitácora era la propietaria y no Urvisa y sabía de la condición resolutoria prevista en la adjudicación. Su «imputación», sostiene, «está más que justificada»: concedió las licencias de ocupación y de uso a Bitácora y votó a favor de devolver a Urvisa el aval. La realidad era que donde debía haber dos naves, había un total de 17.

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