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Cinturón Verde, atasco por los parkings

Cinturón Verde, atasco por los parkings

El conflicto por la liquidación de la sociedad frena el traspaso de activos por 37 millones de euros

Gonzalo Díaz-Rubín

Domingo, 3 de julio 2016, 11:08

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Cinturón Verde, la sociedad creada para eliminar las vías del tren de la ciudad y luego empleada por Gabino de Lorenzo para promover un plan de aparcamientos de éxito más que dudoso, está muerta, solo que no hay médico que firme el acta de defunción. Las maniobras del PP para no firmar la liquidación de la sociedad y la incapacidad del equipo de gobierno para anticipar la jugada mantiene a la empresa en el limbo. La situación bloquea el traspaso de los activos de la sociedad al Ayuntamiento, principalmente las 3.400 plazas de garaje sin vender, por 37 millones de euros.

En realidad, es la única parte de Cinturón Verde que no se ha traspasado aún. La plantilla de la empresa se la ha subrogado el Ayuntamiento pese a que la sociedad no ha sido disuelta. Un informe del secretario de 2014, advertía que «la extinción de Cinturón Verde de Oviedo no implica, a priori, ningún derecho de su personal a incorporarse a la plantilla del Ayuntamiento».

Justo lo contrario de lo que ha hecho el equipo de gobierno municipal con las tres trabajadoras. Agarrándose al mismo informe, entendió que podía estimarse un «supuesto de sucesión de empresa» y las tres, sin esperar siquiera a la liquidación de la sociedad como pedía el propio informe, ya están trabajando en la casa, aunque no a su gusto. La que fuera directora técnica de la sociedad (o debería seguir siéndolo, la sociedad no está disuelta) ha demandado al Ayuntamiento para mantener el sueldo que tenía en su puesto en Cinturón Verde. Mientras, un funcionario de la casa cobra un complemento por llevar los números de la sociedad.

¿Entonces qué falta? Dos cosas tan sencillas como convocar el consejo de liquidación de la sociedad, para que apruebe las cuentas y la propuesta de disolución, y después llamar a junta general de accionistas para ratificar ambas propuestas. Para la actual Corporación está resultando imposible. El alcalde, Wenceslao López, está decidido a forzar una junta de accionistas ante la negativa del popular Gerardo Antuña a convocar al consejo. Este alega que ha dimitido lo anunció esta semana en una carta dirigida al alcalde que, por tanto, no puede hacerlo.

Lo ha hecho, a medias, dejando en manos del secretario la posibilidad de convocarlo, aunque tal facultad corresponde el presidente; por aquello de que dice la ley que es deber del consejo de liquidación aprobar las cuentas e informar detalladamente a los accionistas.

Política y pasado

Lo que hay detrás es todo mucho más sencillo de explicar. El alcalde Wenceslao López no es muy proclive a reconocer a Caunedo como líder de la oposición y de la principal fuerza de la Corporación, con sus 11 concejales. Tampoco a pedirle, rogarle o suplicarle que mate de una vez a Cinturón Verde. Si no hay foto juntos, Caunedo tampoco quiere hacerle la vida más fácil al tripartido. A este paso el Ayuntamiento acabará teniendo que ir al juzgado.

Lo curioso es que el PP pudo disolver la sociedad el año pasado. Así estaba previsto, pero la cercanía de las elecciones acobardó a los populares. La gestión de la sociedad tuvo luces y sombras. Las segundas le han costado al Ayuntamiento no menos de 57 millones de euros solo en la década entre 2003 y 2013.

Las luces vienen de la eliminación del cinturón de hierro. En 1991, Feve planeaba desdoblar parte de sus vías en la ciudad para mejorar sus servicios. El proyecto habría expropiado a decenas de vecinos en Teatinos y consagrado la presencia del ferrocarril en el suelo urbano. La protesta vecinal y la cercanía de las elecciones, llevaron al alcalde, Antonio Masip, a idear otra salida y acuñar un nombre: «cinturón verde». Así, todavía en minúsculas, porque la constitución de la sociedad anónima la firmó, en 1992, Gabino de Lorenzo, su primer presidente. En el accionariado, entraron el Ayuntamiento, el Principado, el Ministerio de Fomento (a través de Sepes) y Renfe y Feve. La primera idea, soterrar las vías, fue desechada por su elevado coste.

La solución final fue construir una variante de 18 kilómetros de longitud entre Trubia y Colloto, 5,5 de doble vía entre Colloto y la terminal ferroviaria, para Feve y financiar la operación con aprovechamientos urbanísticos. Los aprovechamientos, los pisos que costearon las obras, salieron de una modificación del PGOU aprobada en 1995. Baste decir que las obras ejecutadas para suprimir la barrera ferroviaria supusieron en su día 17.000 millones de pesetas, casi 103 millones de euros. Descontada la subvención de la UE, de 8.000 millones de pesetas, la venta de los solares aportó 9.000 millones de pesetas, 54 millones largos de euros.

Cuatro años después, el 1 de febrero de 1999, el tren dejó de cruzar la ciudad por Pumarín, Teatinos u Otero. Un mes más tarde, los puentes de hierro que salvaban varias calles Postigo, Azcárraga, Martínez Vigil, Víctor Chávarri y General Elorza comenzaron a ser desmontados. Y mientras tanto, la obra más conocida de la empresa entraba en su recta final. La losa de Renfe casi se podía pisar ya. Miles de ovetenses la estrenaron el 24 de mayo. La estructura empleó 9.575 toneladas de acero y 30.000 metros cúbicos de hormigón para cubrir el tinglado ferroviario con un paseo de 700 metros de longitud y apoyado en 220 pilares de acero.

La losa no estaba prevista en el proyecto inicial y para encajar sus 5.700 millones de pesetas (35 millones de euros) de coste hubo que modificar de nuevo el plan para obtener más aprovechamientos.

La senda verde, la mejora del entorno de la casona de Doña Urraca, la renovación de barrios como Teatinos, la nueva avenida del Cantábrico, las viviendas de Trubia... Todo tuvo su fin en 1999. También, el objeto por el que había nacido la empresa, aunque quedan flecos pendientes que tenían que ejecutar otras administraciones.

Otro principio

Lo lógico hubiera sido disolver la sociedad, pero Gabino de Lorenzo tenía otros planes. Había puesto fin, en medio de la polémica, Gesuosa (la sociedad de gestión de suelo municipal) y decidió convertir Cinturón Verde en una herramienta. Anunció un plan de 12 aparcamientos para residentes. El primero, en Económicos, bajo la estación de autobuses aún en obras, y, de aquella, el mayor de la ciudad con sus 1.388 plazas, parte para servicio de la terminal en rotación. Con las mismas, el alcalde encargó otros 11 aparcamientos más luego renunció al de La Manjoya para vender sus plazas a precio de coste a los residentes.

Lo hizo sin medir la demanda y con la obligación de que Cinturón Verde recompraría todas las cocheras transcurrido un año a las empresas constructoras, que se garantizaban el negocio.

Lo hizo pese a las advertencias de la oposición y de los técnicos. Con solo ocho de los 11 aparcamientos en marcha, la viceinterventora, Concepción Alegre, alertó en 2002 del «riesgo eventual» que suponía para las arcas municipales su escaso éxito comercial. Con estos mimbres y uno año después, el Ayuntamiento compró su participación a Feve y a Renfe y suscribió un acuerdo con Cinturón Verde, por el que respondería de los gastos financieros y del préstamo de 50 millones que tuvo que pedir la sociedad para recomprar las plazas no vendidas.

Las cuentas nunca salieron. Hay aún casi 3.300 plazas de aparcamiento sin comprador. El ritmo de ventas llegó a caer por debajo de una al mes. La sociedad no generaba ingresos y el Ayuntamiento fue parcheando los agujeros cargando a contratos compras o cesiones. Obligó a la contratista de la grúa a comprar una planta entera de aparcamiento en La Argañosa por 3,2 millones; en 2005, compró una planta entera del parking del parque de Invierno, otras 321 cocheras, por 2,5 millones de euros y luego la cedió a la empresa que explota el Palacio de los Niños. Y un año antes, vendió a Renfe una planta de Rodríguez Cabezas por 2 millones.

Casi el final

Diez más tarde, el Ayuntamiento había pagado ya 28 millones de euros por aquel préstamo, 17 de principal y casi 11 de intereses y aún debía 33 millones de euos a los bancos, que rechazaron refinanciar el préstamo en medio de la crisis.

Caunedo necesitó toda su mano izquierda para conseguir el apoyo de Foro y pedir un crédito de 31 millones de euros a nombre del Ayuntamiento y colocarlo como si fuese una inversión en el presupuesto. Al año siguiente inició los trámites para disolver la sociedad, pero no los resolvió. Y ahí seguimos. Desde hace dos años no se escritura una venta y al presupuesto municipal se le añade una nota anunciando su liquidación en un mes o dos. Al otro lado, espera el Principado para recoger su cheque por el 8% del valor.

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