El Comercio

Francisco Pérez Platas.
Francisco Pérez Platas. / M. R.

Pérez Platas: «La decisión judicial no nos pilla por sorpresa»

  • El abogado de la familia de Eloy Palacio recurrirá el auto que declara la investigación del incendio de Uría causa no compleja

La jueza que dirige la instrucción del incendio de Uría decidió declarar que su investigación no es causa compleja. Lo hizo el viernes, a instancias del Ministerio Fiscal y unas horas después de que finalizasen las comparecencias del alcalde, el concejal de Seguridad Ciudadana y los responsables de elaborar el informe del siniestro, un jefe de área de Seguridad en el Trabajo y una inspectora de Trabajo y Seguridad Social.

La decisión que ha tomado la titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Simonet Quelle, no es una puntada sin hilo. Decretar que una fase de instrucción no es causa compleja implica que esta no podrá prolongarse más de seis meses.

Esto no ha gustado ni al abogado de la familia de Eloy Palacio, el bombero fallecido durante el incendio, ni tampoco al letrado que defiende los intereses de los propietarios y comerciantes de Uría, afectados por el siniestro. Tanto Francisco Pérez Platas como Fernando de Barutell ya han confirmado que van a recurrir esta decisión judicial. Siguen la misma senda que el abogado de la Corriente Sindical de Izquierda, Ignacio Manso, que el viernes aseguró a este periódico su intención de recurrir porque aún quedan «pruebas que no se practicaron», aseveró. Tanto el abogado de la familia de Eloy Palacio como el de los afectados por el siniestro de Uría aseguraron que el auto de la jueza no les vino de sorpresa, según como se está desarrollando la fase de instrucción, afirmaron.

Según los letrados aún quedan muchos puntos que tratar en esta fase de instrucción. Entre ellos, la petición de la Fiscalía del sobreseimiento libre de la investigación penal por el accidente durante las tareas de extinción del incendio en el que falleció Eloy Palacio y resultó herido Juan Carlos Fernández, 'Cuni', al entender que no existen indicios de un delito contra la seguridad de los trabajadores.