El Comercio

La familia de Eloy Palacio recibe «apesadumbrada» el archivo del incendio

Eloy Palacio y Juan Caros Fernández Granda, 'Cuni', intentando sofocar el incendio el pasado 7 de abril, en Uría.
Eloy Palacio y Juan Caros Fernández Granda, 'Cuni', intentando sofocar el incendio el pasado 7 de abril, en Uría. / MARIO ROJAS
  • Recurrirá a la Audiencia al considerar que la jueza se contradice porque, cuando se produjo el siniestro, reconoce que el fuego estaba controlado

El auto de archivo de las diligencias de investigación sobre el fallecimiento del bombero Eloy Palacio en el incendio del número 58 de la calle Uría el pasado mes de abril no ha sido una sorpresa. Varias de las 29 acusaciones personadas en la causa, consultadas por este diario, lo esperaban. También, que tendrían que recurrir a la Audiencia para que la investigación progresase. De hecho, al menos tres recurrirán en apelación directamente el archivo al entender que hay pocas opciones de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 2, Simonet Quelle, modifique su criterio.

Y ello pese a que, a su juicio, en el auto se aprecian varias contradicciones a su juicio. El abogado de la familia del bombero fallecido, Francisco Pérez-Platas, puso el acento en que, «por un lado, se dice que el incendio estaba controlado cuando se produce el accidente y, por otro, que no se puede aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a los bomberos en caso de catástrofe». Jurídicamente, abundó, «creemos que el auto tiene lagunas». «Ha apesadumbrado a la familia».

El sindicato CSI, personado como acusación particular, expresó ayer su «indignación, disconformidad absoluta y sentimiento de indefensión» ante el auto de archivo de la jueza y anunció su «firme convicción de seguir adelante con el procedimiento en apelación» ante la Audiencia.

En un comunicado, firmado por el delegado de Prevención Miguel Ordóñez, reconoce que el archivo de las diligencias no les ha cogido por sorpresa, «a la vista de todas las pruebas y testigos que se nos ha impedido aportar y solicitar en el procedimiento desde el inicio de la instrucción».

CSI coincide con el abogado de la familia en que «resulta escandaloso que se pretenda excluir a los bomberos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales» y recuerda que el servicio participa en unos quinientos incendios de media cada año. Destaca que habían transcurrido más de cuatro horas desde el inicio del incendio de Uría, «la extinción estaba concluida y tratándose de un edificio ya perdido» resulta «sorprendente» que se le dé «consideración y tratamiento de catástrofe, calamidad, accidente grave o evento análogo» para eludir la ley de Prevención.

Pérez-Platas destacó que la investigación ha dejado muchos aspectos por aclarar: «Nadie ha sido capaz de decir dónde y quiénes formaban el puesto de mando», tampoco explicar «cómo, si todo estaba tan coordinado, se daban las órdenes pese a que, y lo reconoce el auto, fallaron las comunicaciones por radio y por el brazo articulado» desde el que trabajaban Palacio y su compañero, Juan Carlos Fernández Granda, que resultó herido de carácter leve.

CSI incidió en que no halla explicación y le «resulta preocupante la omisión en el auto de la falta acreditada de reconocimiento ante la actitud negligente y antecedentes de la empresa y jefatura de servicio, acumulando más de un centenar de denuncias en los últimos dos años y otros tantos requerimientos de la Inspección de Trabajo».

El alcalde, Wenceslao López, se limitó a señalar ayer que «hemos colaborado en todo momento en cuanto a lo que se nos ha planteado a nivel judicial» en la investigación. Reconoció que sí que se esperaba el archivo, aunque «asumo con neutralidad las decisiones judiciales tanto si me las espero, como si no».