De Villa Magdalena a Rodríguez Cabezas

Si se habla de expropiaciones enredadas en la ciudad, no hay duda alguna de que la reina es la del palacete de Villa Magdalena. Aunque no es el único pleito que el Ayuntamiento tiene pendiente. Está también su hermana pequeña, la expropiación de Rodríguez Cabezas, y el pleito del frustrado 'spa' de Ciudad Naranco, por citar algunos de los más millonarios.

El Tribunal Supremo dictaminó hace unos meses que a los 21,2 millones abonados ya por el Ayuntamiento en la expropiación de Villa Magdalena, se deben sumar otros 30 millones en calidad de justiprecio e intereses. Pero esta misma semana, la empresa Comamsa, la antigua propietaria del palacete, ha pedido más. Nueve millones más. Alega que de esa cantidad seis irán para pagar el IVA y lo restante a un garaje que hay en la finca. El Ayuntamiento ha recibido la noticia como un jarro de agua fría, aunque serán los jueces quienes finalmente decidan.

El equipo de gobierno lidia también con otra «herencia recibida» y ha recurrido también ante el Juzgado de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias los justiprecios que el jurado de expropiación forzosa fijó para las retasaciones de las expropiaciones de Rodríguez Cabezas III. En el Ayuntamiento a este caso lo llama «una pequeña Villa Magdalena». Ambos expedientes de expropiación se aprobaron en la misma comisión de gobierno de noviembre de 1998 y en ninguna de ellas se consignaron los justiprecios, lo que dio lugar a largos pleitos y a exigencias económicas por parte de los propietarios iniciales. Aquí el Consistorio se expone al pago de cuatro millones de euros. Cerca de esa cifra, 3,4 millones, es lo que reclama Naranco Wellness por la parte construida, aunque lejos de terminarse, del 'spa' del barrio de Ciudad Naranco.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha puesto precio a la expropiación de los terrenos del único propietario que no se adhirió a la junta de compensación de Loma del Canto I. La cifra asusta. Es casi 1,5 millones de euros más de lo que estimaba el Ayuntamiento. En concreto, la sala en su auto establece que la deuda asciende a 3,25 millones de euros de principal, más casi otro millón en concepto de intereses y otros 1,27 millones como liquidación final de intereses, gastos y costas de ejecución. Total, casi 5,5 millones de euros que el TSJA manda que pague la junta de compensación. Lo malo es que esta casi no existe. Lo que queda son un puñado de propietarios minoritarios, abandonados por la promotora que lideraba el proyecto, la desaparecida Urvisa.

Fuentes de los propietarios confirmaron que, ante la ejecución de sentencia, la junta de compensación está abocada a un concurso de acreedores. Lo que confirma las malas noticias para el Ayuntamiento. Si la junta se disuelve, serán las arcas municipales las que tendrán que abonar la expropiación.

La situación es enrevesada, pero la jurisprudencia deja poco margen de duda. Lo que queda de la junta de compensación es apenas un 'escudo' temporal. Las juntas de compensación son entidades colaboradoras en la gestión urbanística. Detrás tiene que haber una administración autorizando sus pasos. Al final del todo, el Ayuntamiento, que también es socio de la junta, figura como «beneficiario» de la expropiación y, por tanto, abocado al pago si los pequeños propietarios no cumplen.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular no ha hecho más que crecer como consecuencia de la crisis. El Concello de Miño (Pontevedra) debe 25 millones de euros de las expropiaciones de una urbanización (Costa Miño Golf) de la quebrada Martinsa-Fadesa. Si sirve de consuelo, a cada vecino de Miño le sale a 4.300 euros.

El futuro

A partir de la notificación de la ejecución de la sentencia, el futuro está más o menos escrito. Cuando llegue el 'páguese' a la junta de compensación, esta irá a concurso, incapaz de hacer frente al pago. Un administrador acabará por liquidar los bienes de la entidad: los terrenos de Loma del Canto 1, y lo que obtenga, si aparecen compradores, taparán parte del agujero. El resto, con los intereses que se acumulen, acabará sobre la mesa del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno sostiene que la defensa del interés general de los ovetenses no tiene porqué coincidir con los intereses de unos pocos de ellos. De ahí, que la estrategia judicial del Ayuntamiento haya buscado que sean los propietarios minoritarios quienes hagan frente al pago de la expropiación. En Loma del Canto se pusieron en fila (casi) todos los minoritarios detrás de Urvisa, que lideraba la transformación de estos terrenos situados en la trasera del polideportivo de Vallobín para promover casi trescientas viviendas. Contra la única renuente, ya fallecida, iniciaron un expediente de expropiación en 2007.

Las cosas para estos vecinos no salieron como esperaban. En la primavera de 2014, Urvisa desapareció sin dejar rastro y el Ayuntamiento y los propietarios minoritarios se quedaron solos y con fecha fijada para levantar las actas de ocupación de la finca. Para empeorar las cosas, en junio los tribunales confirmaron el precio del jurado de expropiación por los terrenos: 3,3 millones de euros, casi el doble del estimado por la CUOTA en 2011, que era 1,8. Días más tarde, el Consistorio acudió al levantamiento de las actas de ocupación y pago.

Urvisa, de hecho, algo debía saber, porque en 2012 había solicitado al Ayuntamiento que desistiese de la expropiación de los terrenos, justo un día antes de que el jurado notificase su tasación. El Consistorio no supo o no pudo desistir y la empresa trató de forzarlo en los tribunales. La sentencia avaló la continuidad del proceso en febrero de 2014 y Urvisa desapareció semanas después.

El expediente municipal está plagado de calamitosas negligencias. Tantas como para que, en paralelo, el Juzgado de Instrucción número 3 investigue desde mayo del año pasado la existencia de un posible delito de prevaricación.

Solo el 10%

La postura de la administración local es que como propietaria de poco más del 10% de los terrenos afectados le corresponde solo abonar poco más de 320.000 euros. El resto debería salir de los vecinos integrados en la junta de compensación y del Principado, propietario también de suelos en la zona.

La situación es tan complicada que los propietarios acordaron en abril declararse en rebeldía y negarse a pagar la expropiación a la vez que encargaban un estudio para declarar a la junta de compensación en concurso de acreedores y trasladar el pago a la administración.

En realidad, el Ayuntamiento tiene difícil evitar el pago. En diciembre de 2013, el Supremo estableció que, incluso en el caso de expropiación a favor de un tercero, la administración nunca «deja de ser la titular de la potestad y, por consiguiente, nunca es ajena ni puede desentenderse del procedimiento, del que conserva su control» y es responsable subsidiaria en caso de impago del justiprecio por parte del beneficiario inicial. Dicho en román paladino, lo que el Consistorio no logre que paguen los minoritarios de la junta de compensación lo acabarán pagando todos los ovetenses.