El Comercio

«Estamos muy bien en El Cascayu y no tenemos dinero para pagar un piso»

Integrantes de la familia Montoya delante de su bloque, que es el número dos.
Integrantes de la familia Montoya delante de su bloque, que es el número dos. / MARIO ROJAS
  • El objetivo es derribar las tres viviendas que quedan, en las que viven siete familias, en el primer semestre de 2017

  • El Principado comienza la demolición del poblado, en el Espíritu Santo

La religiosa e impulsora de la primera escuela gitana, Nieves Salaverri, tildó al poblado de El Cascayu como «un gueto». Lo dijo en una entrevista a este diario, pero las siete familias que aún viven allí no lo comparten. Es su hogar. En él, dicen, están «muy bien» y no tienen dinero para pagar un piso de vivienda pública, la comunidad, las facturas que cada mes llegan al buzón y la comida. Sin embargo, el Principado tiene unos planes diferentes: ayer comenzó a demoler la primera de las cuatro casas que componen El Cascayu.

En ella vivía una familia que no gustaba a sus vecinos, «acumulaba basura y vendía droga». Celebraron su marcha. A primera hora de ayer, cuando las máquinas comenzaron a demoler la vivienda, Pedro Montoya lo agradeció, porque «habrá más espacio para que los niños jueguen, ya que aplanarán el terreno».

En ese momento, desconocía que el resto de viviendas, incluida la suya, seguirán la misma suerte. Media hora después el director general de Vivienda, Fermín Bravo, comunicó a su padre que en el «primer semestre de 2017» se tirarán los tres bloques restantes. La razón que da es que «la inclusión social pasa por vivir en condiciones igualitarias y no en un entorno apartado» como es El Cascayu, en una de las alas del polígono industrial Espíritu Santo. A cambio, el Principado les ofrecerá un piso público, pero Adela Montoya, con problemas de salud, no «puede vivir» en este tipo de viviendas. Es claustrofóbica y tres de sus 21 nietos tienen asma y no saben cómo se pueden adaptar a su nueva vivienda.

Respecto a que viven apartados del resto de la civilización, su nuera, Manolita Dual, argumentó en nombre de toda la familia que una de las jóvenes que reside allí estudia Derecho en la Universidad de Oviedo, otra Auxiliar Administrativo, mientras que los diez niños restantes «están todos escolarizados, o bien en el colegio de Roces de Colloto o en el IES de la Corredoria». Igualmente, destacó que no reciben «ningún tipo de ayuda, solo la beca de los niños», a pesar de que muchos de los integrantes están en paro. La chatarra y la venta ambulante «ya no da el dinero que daba antes», porque en muchas ocasiones es gestionada por el Ayuntamiento o por las ONG.

Corroborando esta tesis, Pedro Montoya indicó que «llevamos cinco años» pidiendo a la administración competente que limpie «los canalones» de las viviendas, sin éxito. Ante esta situación, sus vecinos de bloque contrataron por su cuenta a una empresa y «hace diez días pagamos más de doscientos euros» por estas tareas. Asimismo, los veranos pintaban la fachada, pero este no se han atrevido a hacerlo por si al final el Principado les tira su casa.

Los vecinos de El Cascayu abonan un alquiler social de «veinte euros» y, según Pedro Montoya, si «nos sacan de aquí pagamos cinco casas como esta». Pero para explicarles su criterio, el director general de Vivienda les puso un ejemplo. El inquilino tiene dos furgonetas: una de la marca Nissan y otra Mercedes y le preguntó: «¿Cuál prefieres?». «La segunda», respondió. «¿Cuál consume más o paga un seguro mayor?», prosiguió Bravo, pero lo que Arturo Montoya no supo contestar porque «no tengo calculado el total».

La demolición de la primera vivienda servirá, en palabras del director general, de «efecto imagen ante las personas que quedan», para que así vean que poco a poco El Cascayu va a ir desapareciendo y que cuando los bloques se vayan vaciando, tapiarán las ventanas para que nadie vuelva a la zona. Respecto al futuro, manifestó que en Avilés se demolió un poblado, al lado del polígono industrial, y después se construyeron nuevas naves en la zona. Las familias que allí vivían fueron realojadas.

Piedramuelle

Cuando concluyan las labores de demolición de El Cascayu, el Principado quiere derribar del poblado de Piedramielle. En la actualidad, residen allí once familias y a todas ellas se les ofrecerá la posibilidad de trasladarse a vivir a una vivienda social. «El parque público está compuesto por 350 pisos y hay 110 unidades familiares en toda Asturias» que viven poblados, según destacó Bravo.

Si finalmente este objetivo se lleva a cabo, Oviedo se quedará sin asentamientos . Sin ir más lejos, hace poco más de dos meses, el Ayuntamiento derribó el de La Malata, en la calle Josefina Argüelles. En estas chabolas vivían 19 personas, una de ellas menor de edad. Fueron realojadas en viviendas públicas.