El Comercio

El Ayuntamiento paga a dos empresas por el mismo servicio de telefonía

Una imagen del Ayuntamiento.
Una imagen del Ayuntamiento. / M. ROJAS
  • Un juzgado le obliga a abonar a Telecable, que fue excluida de la licitación, el precio del contrato que cobra y presta Movistar

Desde el pasado mes de abril, el Ayuntamiento ha pagado a dos empresas todos los meses por los mismos servicios de telefonía. A una, Movistar, porque los presta de forma efectiva tras ganar el concurso el año pasado; a otra, Telecable, porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 considera que hay suficientes indicios de que el Ayuntamiento la pifió excluyéndola de la licitación.

En realidad, todo se debe a una mezcla de las medidas del Gobierno contra la morosidad de las administraciones públicas y a un día, al parecer, poco inspirado de los técnicos municipales. De lo primero, se ocupa el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que permite a las empresas reclamar judicialmente el abono «inmediato» de las facturas cuando haya pasado más de un mes sin cobrarlas y que faculta a estas para exigir su pago incluso como medida cautelar. De lo segundo, se ocupó la mesa de contratación en marzo del año pasado, cuando decidió excluir a Telecable de la adjudicación de los servicios de telecomunicaciones que venía prestando de forma ininterrumpida desde 2004.

De repente, alguien descubrió, 11 años después, que la firma incurría en una «prohibición de contratar» al existir vínculos «de los prohibidos» en «el apartado 1.f del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». O siendo más concretos que el entonces presidente del consejo de administración de la matriz de la licitadora la ocupaba «J. G- C. N., en quien concurre la circunstancia de ser el cónyuge de la funcionaria del Ayuntamiento M. A. Q. M., auxiliar administrativa adscrita a la oficina de Contratación».

Con el informe en la mano, la mesa de contratación dio marcha atrás y adjudicó el lote a Movistar, aunque su oferta era 40.000 euros al año más cara que la de Telecable y esta última recurrió.

Los meses siguientes, hasta el 31 de diciembre de 2015, además, la empresa asturiana siguió prestando el servicio; mientras se resolvía el recurso en vía administrativa y su rival desplegaba sus equipos. Cuando Telecable solicitó el pago, el Ayuntamiento alegó que no existía contrato, que «había concluido». El juez no tiene ni que entrar en el fondo del asunto para dictar las medias cautelares pedidas por la empresa y ordenar el abono a Telecable de 178.624 euros por los mismos meses en los que el Ayuntamiento ya estaba pagando a Movistar. Aclara, eso sí, que el propio Consistorio reconoce que Telecable continuaría prestando los servicios, al menos hasta noviembre de 2015. A veces, darse de baja es difícil.