El Comercio
El Ayuntamiento teme un nuevo pago millonario que mermará aún más las reservas económicas. En la imagen, la Casa Consistorial.
El Ayuntamiento teme un nuevo pago millonario que mermará aún más las reservas económicas. En la imagen, la Casa Consistorial. / A. P.

El Ayuntamiento se enfrenta al pago de hasta tres millones de euros por contratar parados

  • Las primeras tres sentencias de colaboración social le obliga a incluirlos en la plantilla

  • El edil de Economía culpa al PP de «haber dejado un solar, con menos de cien trabajadores de administración general»

La Justicia tiene sus ritmos. En un conflicto con muchos demandantes, las primeras sentencias tardan más. Una vez que los distintos órganos judiciales se han pronunciado, la cosa coge velocidad de crucero. Pasó con las demandas del personal del plan de empleo y sucederá con las de los trabajadores de colaboración social. Las tres primeras sentencias condenan al Ayuntamiento a reconocer a otros tantos empleados de colaboración social como personal fijo de plantilla. Ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, estimó que, de mantenerse el criterio, el Ayuntamiento se encontrará con otro agujero de unos 3 millones de euros. «Hay más de un centenar y si hay que abonar las diferencias salariales, nos va a salir muy caro a todos», expuso.

Rosón incidió en que se trata de otro asunto heredado de los 24 años de gestión del PP en el Ayuntamiento. «Han dejado un solar, tenemos menos de cien trabajadores de administración general», denunció. Sostuvo que los populares vaciaron el Consistorio y usaron a personal del plan de empleo o de colaboración social para tapar puestos estructurales, con las consecuencias conocidas: en el primer caso -más de dos millones de euros en indemnizaciones y diferencias retributivas- y las previsibles en el segundo.

Doctrina del Supremo

La situación es enrevesada. El Tribunal Supremo cambió su doctrina sobre colaboración social en 2013y abrió la puerta a que estos 135 empleados del Ayuntamiento se conviertan en personal laboral a todos los efectos. El primero, y muy notable, es que pasarían a cobrar el salario correspondiente a sus funciones según el convenio municipal y tienen derecho a que se les pague un año de las diferencias entre sus retribuciones anteriores y las nuevas.

«Se pueden crear situaciones difíciles de ejecutar», explicó el edil de Economía, como «que haya personal al que se le reconoce una categoría y nivel para el que no tiene la formación requerida». A uno de los trabajadores la sentencia le situó en el nivel A2, el de los técnicos medios, sin el título de ingeniero técnico o equivalente. Situaciones así podrían repetirse en otros casos.

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, este colectivo ni siquiera tenía consideración de trabajadores: eran parados a los que el Ayuntamiento colocaba a cambio de completar sus ingresos hasta su última base de cotización en activo. No tenían legalmente derecho a vacaciones o bajas por enfermedad, otra cosa es que el Ayuntamiento hiciese la vista gorda. En algunos casos, han encadenado contratos durante 17 años en esta situación, ocupando puestos de ordenanzas, asistentes sociales, peones, administrativos, auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, jardineros, informáticos, licenciados en Derecho o de arquitecto técnico.

Con estos antecedentes, hay trabajadores de colaboración social que cobran menos de 4.000 euros al año y por los que el Ayuntamiento apenas cotiza 600 euros y otros con sueldos brutos de 18.000 y pagos a la Seguridad Social de varios miles de euros. Todos ellos tendrían derecho a convertirse en personal laboral fijo de plantilla y a quedarse en la plaza hasta la jubilación.

Un informe de la directora de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, declaró estructurales sus puestos de trabajo porque «la no prórroga de sus contratos supondría» la «paralización del funcionamiento de los servicios municipales». Concluía «que el interés público o el general prima en el supuesto que nos ocupa, sobre la ilegalidad en que se pueda incurrir».

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