El Comercio

«Cumpliremos las sentencias de colaboración social hasta la última letra»

Un grupo de trabajadores de un plan de empleo municipal.
Un grupo de trabajadores de un plan de empleo municipal. / MARIO ROJAS
  • De los 135 puestos que ocupan estos trabajadores, solo los 56 de ordenanzas no figuran en la Relación de Puestos de Trabajo municipal

  • El concejal de Personal asume los fallos judiciales que obligarán a pagar hasta tres millones

«Cumpliremos las sentencias de colaboración social hasta la última letra». El concejal de Personal, Iván Álvarez (IU), no cree que haya otra solución que «esperar a ver qué van diciendo» los tribunales de las reclamaciones presentadas por este colectivo de unos 135 trabajadores municipales. Las tres primeras consideran que estos desempleados, que el anterior equipo de gobierno usó para tapar huecos en casi todos los servicios municipales, merecen la consideración de personal laboral no fijo de plantilla, el reconocimiento de su antigüedad y el abono de las diferencias salariales y sus cotizaciones.

Y no es poco. A estos empleados el Ayuntamiento les completa el subsidio hasta su última base de cotización. Algunos cobran por su trabajo en el Consistorio apenas 330 euros brutos al mes y con cotizaciones sociales por las que las arcas municipales no llegan a desembolsar los 600 euros al año. Las diferencias con las retribuciones de los trabajadores de plantilla que desempeñan las mismas funciones son más que notables. Tantas como para que el concejal de Economía, Rubén Rosón, estimase en unos tres millones de euros el coste, en el abono de las diferencias salariales y cotizaciones sociales, para las arcas municipales de que las próximas sentencias sigan el camino de las tres primeras, como adelantó ayer este diario.

El Ayuntamiento llegó a tener más de 250 trabajadores de colaboración social. Resultaban una fórmula muy económica de cubrir puestos de trabajo con desempleados mayores de 52 años o de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, para lo que solo había que reclamarlos al Servicio de Empleo. Ni siquiera tenían consideración de trabajadores: eran parados a los que el Ayuntamiento colocaba a cambio de completar sus ingresos. No tenían legalmente, otra cosa es que el Consistorio hiciese la vista gorda, derecho a vacaciones o bajas por enfermedad. En algunos casos, sin embargo, han encadenado contratos municipales durante 17 años en esta situación.

Sin embargo, en 2013, el Tribunal Supremo cambió de criterio y decretó que solo podían emplearse en puestos no estructurales y en tareas de carácter temporal. El PP, entonces en el gobierno, reaccionó no cubriendo las plazas de los que se jubilaban. Entre otras medidas, contrató un servicio externo de ordenanzas, ya que la mayor parte de centros sociales, de estudio y muchos equipamientos se cubrían y cubren con personal de colaboración social.

Aún así, en noviembre de 2015, quedaban 136 a los que el nuevo equipo de gobierno renovó de un plumazo. Lo hizo con un informe de la directora general de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, en el que sostenía que «la no prórroga de sus contratos supondría» la «paralización del funcionamiento de los servicios municipales». Concluía «que el interés público o el general prima en el supuesto que nos ocupa, sobre la ilegalidad en que se pueda incurrir».

El informe casi daba a entender que todos eran imprescindibles. De hecho, buena parte de los trabajadores de colaboración social cubre puestos que están incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo «como estructurales». El concejal de Personal explicó que se pidieron, antes de incluir estas plazas en la relación «informes a los jefes de área y servicio». Al menos 65 de ellos ocupan puestos que figuran en el borrador del documento ahora en revisión. Sobre otra decena hay dudas y «con los otros 56, los que corresponden a ordenanzas, hay criterios divergentes, pero no están incluidos en la RPT», confirmó el edil. Si el juez, sin embargo, los incluye «no habrá más remedio que crear la plaza», asumió.

Demoras

De entre las primeras sentencias hay quejas por la demora del Ayuntamiento en ejecutarlas. «Si no me reconocen la categoría, la antigüedad y me abonan las diferencias, no me atienden ni en el servicio de empleo ni en la Tesorería (de la Seguridad Social), me tienen bloqueado», se quejó ayer uno de estos trabajadores, «en una situación distinta», porque no fue renovado «tras una enfermedad».

Iván Álvarez se comprometió a estudiarlo y agilizar los trámites. «Las sentencias se cumplen, aunque sean difíciles de ejecutar o crean situaciones extrañas». Tanto como para que uno de ellos haya sido encuadrado por el juzgado en el nivel A2, el de los ingenieros técnicos, pese a no tener la titulación para ello. «Si lo dice un juez hay que cumplirlo, nosotros no creamos este problema», resumió Álvarez.