El Comercio

El Pleno exige la derogación de la ley de Racionalización

Rogelio Bernardo, ayer durante el Pleno.
Rogelio Bernardo, ayer durante el Pleno. / PIÑA
  • Somos y PSOE aplazan el debate de dos proposiciones de urgencia de IU sobre el accidente de Angrois y la prostitución

Si creían que lo habían visto todo de esta Corporación, se equivocaban. Ayer el Pleno registró un empate indisoluble entre los 11 votos del PP que rechazaban la urgencia de pedir al Gobierno que impulse la investigación del Alvia a Santiago, accidentado en 2013 en la curva de Angrois y que dejó 80 muertos, y las 11 a favor, de IU -impulsora de la propuesta-, Somos y Ciudadanos. La abstención de los socialistas dejó sin voto de calidad el asunto, obligó a repetir la votación y la proposición decayó, pese a que Rogelio Bernardo, que perdió un hijo en el accidente había viajado desde Sevilla para asistir al Pleno.

No fue la única cosa insólita. Por primera vez, Ciudadanos e IU votaron juntos y en solitario a favor de algo. En este caso de la urgencia de una propuesta de Roberto Sánchez Ramos para declarar a Oviedo municipio libre del tráfico de mujeres destinados a la prostitución y que persiga a proxenetas que «están campando por sus fueros en clubes y burdeles de carretera que todo el mundo conoce», expuso Cristina Pontón, que reprochó la abstención en la urgencia a sus socios de gobierno. Solo el PP votó en contra, al igual que para oponerse a una iniciativa que pide al Congreso que derogue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Su portavoz, Agustín Iglesias Caunedo, intervino para defender sus bondades y destacar que la «estabilidad financiera» o el pago a proveedores «generan empleo que es la mejor política social».

Le replicó Ana Taboada para preguntarle si las políticas de empleo de las que hablaba son «las que nos han costado ya 2 millones», por el plan de empleo 'envenenado' heredado del PP y para recordarle que, en realidad, «no saben qué hacer con esta ley». La prueba que el propio Gobierno paralizó sus efectos, entre ellos el traspaso de los servicios sociales de los ayuntamientos a las autonomías, por carta a los munícipes. «Sabe por qué no ha tenido ningún efecto, porque no ha entrado en vigor», añadió Ana Rivas.