El Comercio

La Universidad buscará fallos en la gestión de la expropiación de Villa Magdalena

El palacete de Villa Magdalena se ha convertido en la biblioteca municipal más cara del mundo, según el equipo de gobierno.
El palacete de Villa Magdalena se ha convertido en la biblioteca municipal más cara del mundo, según el equipo de gobierno. / MARIO ROJAS
  • El Ayuntamiento le encarga rastrear responsabilidades y salidas legales que minimicen el pago

  • Pide una auditoría de todo el proceso, que deberá estar lista en tres meses, antes de que recurra el último varapalo judicial

Harán falta tres meses para saber si la expropiación de Villa Magdalena tiene otro final que no sea un nuevo desembolso multimillonario. Es el tiempo que el Ayuntamiento ha dado a la Fundación de la Universidad de Oviedo para analizar qué falló, qué se hizo mal y quién lo hizo, para que la enajenación forzosa del palacete de Villa Magdalena haya pasado de costar 3,1 millones de euros a más de 60 o, incluso 74, la última cifra reclamada por el expropiado empresario Miguel Ángel Menéndez del Fueyo.

El equipo de gobierno formalizó ayer el encargo, por el que la Universidad percibirá 21.659 euros, en la reunión de la junta de gobierno. Lo hizo justo a tiempo. El plazo del contrato, tres meses, permitirá que el dictamen esté concluido dentro del plazo máximo para recurrir el último varapalo judicial.

El encargo es casi un empeño personal del alcalde, Wenceslao López, que hasta hace unas semanas acumulaba en su despacho las copias del expediente para ponerlo a disposición de la Universidad. Pero la intención municipal es que el análisis no se quede en el legajo municipal, sino también en buscar grietas, resquicios, en los cambios de propiedad del palacete en los años anteriores a la expropiación.

El edificio, obra de Juan Miguel de La Guardia de 1902, pertenecía a la familia Figaredo Sela. Su última propietaria, María Magdalena Argüelles, viuda de Alfredo Figaredo Sela, transfirió en 1990 y a cambio de una renta vitalicia, su propiedad a Proina, una empresa de la familia Rato-Figaredo, a la que pertenece el exministro Rodrigo Rato. Meses después, María Magdalena Argüelles falleció.

El palacete quedó vació, pero el Ayuntamiento tenía planes para él. Presionado por el polémico derribo del chalé de Concha Heres, en la calle Conde de Toereno y hoy sede del Banco de España, el equipo de gobierno que lideraba Antonio Masip aprobó, dentro del plan de ordenación urbana de 1986, la adquisición mediante expropiación de otros tres edificios singulares: el palacete de La Lila, el antiguo Colegio Hispania y Villa Magdalena. No tuvo tiempo. Su segundo mandato, 1987-1991, fue muy agitado. En buena parte por otro derribo: el de la estación de El Vasco.

El escenario quedó listo para la entrada de nuevos actores. En el Ayuntamiento se sentó Gabino de Lorenzo; en la propiedad de Villa Magdalena entró Miguel Ángel Menéndez del Fueyo. En una decisión extraña -el edificio estaba protegido y destinado a ser expropiado para ello- pactó, a través de la empresa Asturcosa, un alquiler con opción a compra del edificio con Proina.

Era una jugada extraña porque el solar, lo saben todos, no es edificable: por debajo corre la vía del tren. El constructor negoció su venta al Ayuntamiento por 3,5 millones de euros, pero no hubo acuerdo. Las elecciones de 1991 se echaban encima.

Con nuevo alcalde, Del Fueyo ejecutó la opción de compra por 3,4 millones de euros e inició intentos de firmar un convenio urbanístico: el palacete y parte de los jardines para la ciudad, que lo cedería a la Casa del Príncipe, a cambio de un trozo de la finca del club social, con frente a la avenida de Galicia y que sí es edificable y un millón de euros, para Comamsa. El Tenis ganaba también: le tocaba un trozo de los jardines para ampliar sus instalaciones. No fue posible.

Hasta 74 millones

Las relaciones, hasta entonces buenas entre el empresario y los populares, se rompieron después de que el Ayuntamiento frenase un proyecto de este para hacer un aparcamiento bajo el paseo de Los Álamos. En 1995, el Consistorio ocupó la finca y depositó el equivalente a 3,1 millones de euros por la expropiación. Del Fueyo había pagado algo más de 3,4 y recurrió.

El resto está en el expediente. En 1998, el jurado de expropiación acercó la tasación a la que pedía el empresario: 11,8 millones de euros, incluido el premio de afección. En noviembre, la comisión de gobierno -en ausencia del alcalde, presidida por Jaime Reinares- aprobó recurrir el justiprecio y consignar en la Caja General de Depósitos el dinero. Solo hizo lo primero, pese a que lo segundo es un requisito legal para poder hacerlo y evitar una palabra que nueve años después se haría pesadilla: retasación. Dieron igual las advertencias de la oposición o de Abogacía. Nunca se pagó y la pidió Comamsa en 2007 por 63 millones. El Ayuntamiento tiene confirmados 60 (43,5 de justiprecio y el resto de intereses), pero la empresa pide de nuevo hasta 74.

La única explicación del PP fue un expediente de investigación instruido por su propia concejala Belén Fernández-Acevedo que concluyó que ninguno de sus compañeros era responsable de nada y que el dinero se gastó en otras cosas.