El Comercio

El edil Rubén Rosón.
El edil Rubén Rosón. / M. ROJAS

El equipo de gobierno aplaza planes de empleo a 2018 para cuadrar el presupuesto

  • Economía plantea un escenario restrictivo hasta saber si los intereses judiciales deben computar como gasto corriente

Cuando los ayuntamientos se quejan de la 'Ley Montoro' -por el 'pack' de normas que restringen sus posibilidades presupuestarias- hablan de cosas como la que tiene atrapado ahora al equipo de gobierno. El presupuesto de cualquier ente público tiene la misma estructura: gastos corrientes y gastos de capital. Los primeros son ineludibles, del día a día; comprenden las nóminas del personal, los servicios y suministros, las ayudas y subvenciones y el pago de los intereses de la deuda.

Las restricciones, la estabilidad presupuestaria y sus decenas de reglas, limitan casi cualquier aumento del gasto corriente para los enntes locales y ahí está el problema. Oviedo, además de deber dinero a los bancos (poco más de cincuenta millones), por el que paga unos 1,4 millones de euros de intereses al año, tiene dos monstruos encima de la mesa. Las sentencias de Villa Magdalena y el Calatrava incluyen, en su peor versión para el Ayuntamiento, hasta trece millones de euros en intereses de demora. El equipo de gobierno quiere que no caigan dentro del gasto corriente, sino que vayan al de los gastos de capital, como irán el principal de los dos 'pufos' heredados del PP.

Por si acaso, «trabajamos con el peor escenario», explicó ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, después de más de cuatro horas de reunión entre los socios de gobierno para tratar de cuadrar las cuentas de 2017. En el altar de la estabilidad presupuestaria, Rosón admitió retrasar planes de empleo «que este año salieron en octubre». En lugar de convocarse en el mismo mes del próximo año, lo harán en enero de 2017. La jugada permite ahorra dos millones de los casi cinco que necesitaba el gobierno para llenar las demandas de personal, servicios y transferencias. El resto procede de un error. El borrador contabilizaba como gasto y como reducción de ingresos a la vez los de funcionamiento de la potabilizadora de Cabornio.

Quedan pinceladas. Hoy, los tres socios aspiran a concretar la oferta de interinos con entre setenta y noventa plazas «esenciales». El viernes, debería quedar cerrado todo. También las inversiones, que rondarán los trece millones de euros, y de las que la concejala de Educación, Mercedes González, avanzó ayer algunas para las cubiertas de los colegios de Buenavista y Ventanielles. También gasto corriente, con más dinero para las becas de comedor y ampliar los comedores, que se han quedado pequeños.