Instituciones Penitenciarias decreta el segundo grado para Agustín de Luis

El segundo grado penitenciario es conocido también como el régimen ordinario, es el común de los presos y en el que acaban de colocar a un reo que no es tan habitual: el exjefe de la Policía Local, Agustín de Luis, quien cumple condena en la prisión de Monterroso, en Lugo. Acaba de ver frustrado su primer intento de acceder al tercer grado penitenciario. El condenado, nada dado a la rendición, ha recurrido esta decisión.

La junta de tratamiento del centro penitenciario propuso en agosto esa clasificación, que ha sido ratificada por Instituciones Penitenciarias. Aunque la última palabra la tendrá la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, ante quien ha recurrido la decisión, según informaron fuentes jurídicas. Quiere De Luis optar al tercer grado penitenciario, en el que los presos disfrutan de un régimen de semilibertad. No obstante, a los seis meses de esa primera clasificación, la junta de tratamiento debe revisar su decisión, que en este caso llegaría para el mes de enero.

De Luis entró el prisión el pasado julio. Lo hizo nueve días después de que la Audiencia Provincial ordenara su ingreso en prisión, de los que cuatro estuvo en busca y captura. La justicia le requería para cumplir su condena a dos años y siete meses de prisión por el archivo irregular de un atestado mientras que estaba al frente del servicio policial. El que fuera jefe de la Policía Local no dudó en marcarse un pase de torero con su americana como capote al abandonar su casa de Salinas, donde había permanecido sin salir durante esos días de su búsqueda, en dirección al centro penitenciario de Villabona. Por razones de seguridad luego fue trasladado a Lugo. Desde entonces permanece entre rejas.

El exjefe de la Policía Local fue condenado por paralizar y archivar un atestado que debería haber llegado a los juzgados. Los hechos por los que Agustín de Luis ha sido condenado se remontan al 13 de enero de 2012, unos meses antes de que se jubilara. Ese día, la sala del 092 recibió una llamada informando de un atropello que acababa de producirse en la calle Álvaro López Estrada, en el barrio de El Cristo. Una patrulla de la Policía Local se desplazó inmediatamente al lugar indicado y apreció que el conductor parecía hallarse bajo los efectos del alcohol, aunque se negó a realizar el pertinente control de alcoholemia.

Estos hechos deberían haber terminado en un procedimiento policial, aunque no lo hicieron. El sindicato SIPLA denunció esa paralización. El proceso judicial concluyó que De Luis decidió la paralización y archivo del atestado. «No oculté el atestado bajo ningún concepto y no di la orden de paralizarlo», resaltó en el juicio el procesado, quien siempre defendió su intervención por los graves errores que presentaba dicho atestado, más de sesenta, y «que atentaban a los derechos fundamentales».

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