El Comercio

Rosón advierte de los «dramáticos» efectos de los intereses judiciales

  • El concejal de Economía dice que los 13 millones de intereses por Villa Magdalena o el Calatrava pueden conllevar «recortes sangrantes»

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón, sigue preocupado. Con la negociación presupuestaria entre los tres socios encarrilada y a las puertas de un acuerdo que espera cerrar el viernes, ayer advirtió de los efectos «dramáticos» que tendría tener que contabilizar «los casi catorce millones» de intereses judiciales por las sentencias de Villa Magdalena o el Calatrava dentro de los gastos corrientes.

El deseo del equipo de gobierno es poder incluirlo junto con el principal de ambas deudas dentro de las operaciones de capital, para que no tenga efectos en el cómputo de la regla de gasto y el resto de restricciones que impone la legislación sobre estabilidad presupuestaria y financiera aprobada por el Gobierno central desde 2012, pero la decisión está en manos de los técnicos. Rosón defendió la «oportunidad» de incluir estos intereses en el apartado de inversiones. Con ello, el presupuesto de 2017 sería el «más importante en gasto social» de la ciudad; pudiendo destinar «más de 10 millones de euros más a ayudas y transferencias de capital». En caso contrario, habría que «aplicar recortes sangrantes», reconoció y que cuantificó en no menos de tres o cuatro millones de euros.

Rubén Rosón culpó a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de la situación, por obligar a las administraciones «a priorizar el pago de los intereses frente al pago de los servicios». Recalcó que el Ayuntamiento tiene dinero de sobra para atender sus obligaciones y lleva varios años presentando superávits presupuestarios por encima de los 20 millones de euros, pero denunció que «la 'Ley Montoro' no tiene un motivo económico sino disciplinador».

Rosón recalcó que están estudiando la manera de computar estos intereses en el apartado sexto del presupuesto, en el de inversiones, junto al principal de la deuda judicial, para «encontrar la manera, como el año pasado, de incumplir el techo de gasto (que solo puede crecer el porcentaje que marca Hacienda estimado en función del crecimiento del PIB), pero cumpliendo con la estabilidad presupuestaria».

La maniobra solo será posible si los técnicos entienden que no se trata de deuda 'corriente', sino de un pago extraordinario en el que se ha incurrido al ejecutar una inversión, aunque esta sea la expropiación mal hecha por el PP de un palacete hace más de veinte años.

De hecho, si se busca bien, el Ayuntamiento de Oviedo tiene precedentes para casi todo. En 2013, incluyó en el capítulo seis, como una inversión más, los treinta y tres millones de euros que transfirió a Cinturón Verde de Oviedo para que la empresa pudiese pagar a los bancos el crédito con el que financió el plan de aparcamientos concluido diez años antes. Entonces hubo algunas quejas y denuncias de la oposición, pero Foro apoyó al PP y los presupuestos salieron adelante. El Ayuntamiento pidió un préstamo y con él, saldó el otro préstamo. Lo hizo tan apurado, que tuvo que firmar unas condiciones abusivas con un diferencial sobre el tipo de interés del 7% y después forzar su amortización anticipada a costa del remanente para nuevas inversiones.