El Comercio

Juan Vega.
Juan Vega. / M. ROJAS

Trabajadores de Cultura denuncian irregularidades en las cesiones de los teatros

  • Sostienen, con la mira puesta en la nueva RPT, que se creó una oficina paralela para cobrar por las «cesiones gratuitas» de los equipamientos

Alguien se ha sentado sobre el botón nuclear. El alcalde, Wenceslao López, dijo ayer que la nueva Relación de Puestos de Trabajo estará aprobada «sí o sí» antes de fin de mes. El concejal de Personal, Iván Álvarez, llevó ayer a la mesa de negociación una versión casi final del documento, incluidos unos laxos objetivos de productividad. Pero esa, ni la versión casi final ni el «sí o sí», gustan a los trabajadores de la Fundación Municipal de Cultura, que ayer expusieron su malestar, usando a la Corriente Sindical de Izquierda como altavoz.

En un comunicado, el sindicato expone que mantuvo una reunión con los trabajadores en la que estos le trasladaron su «malestar con las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo que el equipo de gobierno está llevando a cabo, que contradicen lo ya aprobado por el propio consejo rector de la entidad, a propuesta del presidente de la misma, Roberto Sánchez Ramos», concejal del área.

Podría ser una más de las polémicas que genera cada intento de clasificación de la plantilla, pero no solo. Los trabajadores de la FMC han hecho circular o llegar a grupos municipales, al alcalde, al secretario y al interventor, un dossier en el que señalan una serie de presuntas y graves irregularidades en la gestión de las cesiones de los teatros municipales y en la que se interpretan que estas prácticas podría constituir los delitos de prevaricación, malversación, en la custodia de fondos públicos y de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El comunicado de CSI liga las dos situaciones. Recuerda el caso anómalo de los trabajadores del área desde hace muchos años, con el hoy gerente de la FMC apartado y sin ir a trabajar y que «no se debe olvidar, llegó a derivar en situaciones de auténtico acoso moral en el trabajo». Sostiene que ese «acoso» se debía «a la continua negativa de los trabajadores a tramitar exenciones ilegales y pagos en metálico por lo que se denominaban 'cesiones gratuitas' de los teatros y el Auditorio, que en realidad se pagaban de manera opaca y totalmente ajena a la legalidad».

Denuncia que ante esa negativa, se creó una estructura paralela, con funcionarios ajenos a Cultura, para que hiciesen esos trámites. Una oficina «que a día de hoy sigue formando parte de la RPT ahora promovida por el mismo director general que ya hizo la anterior». El caso es saber quién le pondrá el cascabel al gato o los papeles delante a un juez. CSI solo dice que pedirá una reunión inmediata con el concejal de Personal para «trasladar esta grave situación, intentando una búsqueda de soluciones» para estos trabajadores.