El Comercio

La Policía constató bocas de riego sin agua y la ausencia de hidrantes en la calle Uría

Un bombero busca agua durante el incendio de Uría del pasado 7 de abril.
Un bombero busca agua durante el incendio de Uría del pasado 7 de abril. / MARIO ROJAS
  • Un informe de la Científica refleja la extrema dificultad para acceder a la única boca de incendios del entorno del siniestro

Seis meses después del incendio que costó la vida al bombero Eloy Palacio y destruyó el número 58 de la calle Uría, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, decretó el pasado 11 de octubre el archivo provisional de las diligencias abiertas tras su fallecimiento. La magistrada concluyó que no hay indicios del delito contra la seguridad de los trabajadores por el que estaban imputados tres mandos del servicio. El relato del incendio, que tuvo en vilo a la ciudad durante horas, sigue teniendo agujeros. El jefe del servicio, José Manuel Torres, declaró que había «agua más que suficiente» para controlar las llamas; sin embargo, según el informe de la Policía Científica al que ha tenido acceso este diario, el único hidrante de toda la zona y al menos cuatro bocas de riego más no tenían agua, estaban inutilizadas o no pudieron ser encontradas o abiertas.

La inspección se realizó el 19 de abril, pero para la única boca de incendios de toda la zona, situada frente a los número 37 y 39 de Uría, a la entrada del hotel Fruela, los agentes tuvieron que regresar tres días después, con maquinaria especializada, para poder levantar la losa que la cubre. Una vez descubierta, midieron una presión de 7,5 bares, la mitad de lo que establece la normativa. Las mediciones que realizaron los agentes de todas las fuentes de agua del entorno se limitaron a la presión. No se midió su caudal. Las bocas de riego que sí tenían agua arrojaron todas presiones de entre 7,5 y 8,3 bares, pero tampoco se midió el caudal disponible.

La normativa indice que debe ser de al menos quinientos litros por minuto y boca; con lo que el de Uría, con dos bocas, debería de rendir el doble, mil litros por minutos, «durante dos horas y con una presión mínima de diez metros de columna de aire».

El auto de archivo de la jueza, al igual que el escrito del fiscal en el que pedía sobreseer la causa, pasan de puntillas sobre si el estado de los hidrantes era el correcto o si hubo o no medios y agua suficientes para controlar las llamas.

El día del incendio el único hidrante de la calle no se utilizó y no porque no hiciese falta. El servicio municipal solicitó cubas al parque de Bomberos del Principado de Llanera e, incluso, barajó descargar miles de litros con un helicóptero sobre el edificio. Hasta cuatro camiones nodriza -los dos de Bomberos y los dos del Principado- participaron en las tareas. Todos tuvieron que ser reabastecidos, rellenados con las bocas de incendio del cuartel de Rubín, a casi cinco kilómetros de distancia y perdiendo, según denunció CSI, tres cuartos de hora en cada viaje.

Las grabaciones de las comunicaciones entre los bomberos, que publicó en exclusiva este diario, demuestran la constante falta de agua durante todo el operativo. El brazo articulado desde el que trabajaban Eloy Palacio, el bombero fallecido en el incendio, y su compañero, que resultó herido, Juan Carlos Fernández, 'Cuni', se quedó sin agua en numerosas ocasiones. El bombero conductor Alberto Gallo, que se encontraba a pie de calle alimentando el brazo, se lamenta de ello en las comunicaciones varias veces: «A ver, acabo de quedar sin agua y no tengo más hidrantes. Hay dos que echan muy poco y otro que casi nada. Dejadme que recupere cinco minutos para que cargue un poco», se le escucha en una intervención que da pie a pensar que el caudal disponible era escaso aún en las bocas de riego de calles que funcionaban ese día.

Sin revisiones ni datos

El equipo de gobierno reconoció un mes y medio después del incendio, tras una investigación interna, que no se hacían las revisiones de los hidrantes y que ni siquiera existía una base de datos completa de las tomas de agua del concejo, pero no quién era el responsable. La versión que ofreció el ejecutivo local es que las revisiones y el mantenimiento de los hidrantes no están incluidos en el contrato de la concesión del servicio de Aguas y que, por lo menos, hasta 2011 «no se hacían». Que solamente se reparaban estos y las bocas de riego cuando algún servicio comunicaba una incidencia. Y una boca de riego no es lo mismo que un hidrante o boca de incendios. No hay ninguna regulación que marque el caudal mínimo, las revisiones o los plazos para arreglar una fuga de una toma de agua que se puede usar para baldeo de calles o regar zonas verdes. Los hidrantes son otra cosa. Deberán estar señalizados -lo dice la normativa del Estado desde 1983-, y revisarse cada tres meses. También, deben garantizar un caudal mínimo de mil litros de agua por segundo, con una presión de, al menos, diez metros de columna de agua.

La jueza no entró en ello. Se limitó a seguir los informes de la Inspección de Trabajo, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y a la solicitud de archivo formulada por el Ministerio Fiscal. Y repite sus argumentos para estimar que no concurre ilícito penal alguno. El auto considera que las medidas de protección individuales y colectivas eran correctas y que existió un centro de coordinación de la actuación en todo momento.

Concluye que los dos bomberos (el fallecido, Eloy Palacio Alonso, y su compañero, Juan Carlos Fernández Granda, 'Cuni') fueron los que, «por un exceso de celo», en «una acción voluntaria e imprudente», se bajaron desde la cesta del brazo articulado de la autoescalera al forjado del cuarto piso del inmueble, soltaron sus cintas multianclaje de seguridad de la cesta, que no les permitían alcanzar la zona de trabajo, y, en ese momento, cedió el forjado arrastrándolos. Recuerda que el propio Juan Carlos Fernández Granda declaró que «no se anclaron porque no consideraron un riesgo de caída».

La duda es si alguien les dio las órdenes adecuadas para atacar el incendio minimizando riesgos. La jueza se ciñe a la declaración de la inspectora de Trabajo para defender que existía «la orden, dada a la una de la tarde, de atacar desde afuera y abandonar el edificio», y que «eso lo tenían que cumplir hasta que no se cambiara».

El accidente se produjo más de tres horas después. En las grabaciones de las comunicaciones de ese día entre el operativo de Uría y la central de Bomberos, se escuchan indicaciones posteriores de varios mandos y de otros bomberos. Entre ellas, Palacio y 'Cuni' recibieron de un intendente la orden de subir a apagar las llamas de la cornisa desde la que, veinte minutos después, caerían al vacío. «La cornisa está quemando, tirad para arriba y apagadla», se oye.