El Comercio

El acusado de distribuir vídeos pedófilos desde su vivienda acepta un año de prisión

La abogada Eva Magadán junto al procesado en los Juzgados.
La abogada Eva Magadán junto al procesado en los Juzgados. / M. ROJAS
  • No ingresará en la cárcel al carecer de antecedentes penales y deberá someterse a un programa de educación sexual

El ovetense J. R. S. ha aceptado un año de prisión por un delito de corrupción de menores. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitaba para él tres años y diez meses de prisión por descargar y distribuir vídeos pedófilos desde la vivienda que compartía con su mujer.

El juicio, previsto para ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2, no se llegó a celebrar al alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal, firmado hace unas semanas, aseguró la abogada del procesado. «Hemos seguido el nuevo protocolo de conformidad entre la Fiscalía y el Colegio de Abogados de Asturias», explicó la letrada, Eva Magadán. El objetivo, agilizar y simplificar los trámites cuando hay una solución consensuada en el proceso penal.

Por este motivo y porque el acusado aceptó los hechos, la fiscal rebajó la pena de tres años y diez meses a un año de prisión por un delito de corrupción de menores. No entrará en la cárcel porque carece de antecedentes penales. La suspensión de la pena está supeditada a que no comenta ningún delito en los próximos dos años y que acuda a un programa de educación sexual. «Es lo que me queda», dijo el acusado en sala judicial.

Fuera de ella y momentos previos a la celebración de la vista, el acusado negó los hechos. Según su letrada, la investigación partió de los servicios centrales de la Policía Nacional en Madrid, cuando les «saltó la alerta de que en Oviedo había alguien descargando y distribuyendo imágenes de contenido pedófilo», explicó.

La Policía registró su domicilio el pasado 15 de junio: estaba descargando vídeos y compartiéndolos con otros usuarios, según el escrito de acusación pública, que recoge que también tenía guardados en el disco duro del ordenador y en doce dispositivos de almacenamiento archivos de vídeo y foto en los que aparecían menores desnudos participando en actos sexuales con adultos u otros menores. Material destruido por orden judicial.