El Comercio

Noventa trabajadores municipales y más gasto social

Todos los concejales de gobierno, salvo los de Urbanismo y Servicios, y los tres portavoces de los grupos de                             gobierno participaron en la presentación.
Todos los concejales de gobierno, salvo los de Urbanismo y Servicios, y los tres portavoces de los grupos de gobierno participaron en la presentación. / M. ROJAS
  • El gobierno presume de un presupuesto que aumenta el gasto social y en empleo pese a Villa Magdalena

  • Reconoce que limita las inversiones, culpa a «la nefasta gestión del PP» y resalta que «el gobierno compartido funciona»

No lo va a pasar bien el PP en el Pleno extraordinario del lunes, convocado para destinar el fondo de contingencia a aliviar un pellizco de la deuda de Villa Magdalena. El equipo de gobierno, casi al completo, presentó ayer con un punto de orgullo, de satisfacción por el trabajo hecho, los presupuestos municipales para 2017. Un proceso laborioso, lleno de «dificultades», para cuadrar un presupuesto «herido de muerte por el PP», destacó la portavoz de IU, Cristina Pontón, y en el que, pese a todo, crece «el gasto social» y hay dinero para contratar un mínimo de noventa empleados públicos. «Los gobiernos como este son solventes; los gobiernos compartidos son los que funcionan», presumió el edil de Economía, Rubén Rosón.

Los grandes números son los adelantados ayer por este diario. El presupuesto consolidado, el que incluye el de la Fundación Municipal de Cultura, crece hasta los 239 millones de euros, por los 223 del año pasado. Lo hace para absorber las consecuencias de «la nefasta gestión del PP, que nos sustrae casi 38 millones de euros», expuso el alcalde, Wenceslao López. El Ayuntamiento pedirá a los bancos 32,8 millones de euros para tapar el agujero de Villa Magdalena, 23,5 millones de principal y 10 de intereses.

El 'pufo' hincha la cifra de inversiones. En el capítulo seis del presupuesto de gasto figuran 33,7 millones de euros, 32,5 como inversiones y 1,1 como transferencias de capital o subvenciones para obras, por ejemplo, de rehabilitación de fachadas. El concejal de Economía, Rubén Rosón, admitió que no es real. Hay que restar los 23,5 que faltan por pagar del justiprecio del palacete. Otros 2,6 se irán a abonar las expropiaciones de Rodríguez Cabezas, aprobadas el mismo día de noviembre de 1998 que la de Villa Magdalena y, al igual que esta, nunca pagadas ni consignadas. Quedan poco más de 6,4 millones de euros para nuevas inversiones, admitió Rosón. O ni eso. Un millón se destinará a asistencias técnicas para la redacción de proyectos, necesarias ante la falta de personal del Ayuntamiento, expuso el alcalde. Restan 5,4. No dan para mucho. La construcción de la cubierta del patio del colegio de Ventanielles (550.000 euros), las mejoras en el Carlos Tartiere (500.000), la adecuación del campo del Juvencia (390.000), reposición de alumbrado (150.000) y la escultura de Fernando Alba (75.000) son parte de una nómina que el concejal de Economía se comprometió a completar el lunes.

La vicealcaldesa, Ana Taboada, admitió que la situación obliga a «sacrificar inversiones», pero, «con un 'crack' de 38 millones de euros» lograr un presupuesto «sin recortar ni un solo euro en ayudas sociales y empleo» es hacer «historia». Este presupuesto, subrayó, «es el del empleo y del gasto social porque está pensado para el Oviedo de las personas, con incrementos del 6% en atención a las personas o del 10% en becas y ayudas de comedor o libros».

El mensaje del «desmadre en la gestión económica» heredado del PP, que dejó un Ayuntamiento «vacío de contenido, sin recursos humanos, vaciado de dinero y lleno de deudas», según el alcalde, se repitió de forma reiterada durante la rueda de prensa. «El Consistorio estaba al borde de la catástrofe económica», resumió el alcalde.

Política

Acorralado entre los pufos del pasado y la normativa del Ministerio de Hacienda, el equipo de gobierno hizo un esfuerzo para salvar «el gasto social y el gasto corriente». «Nunca se ha hablado tanto de política para hacer un presupuesto», presumió Taboada. Los esfuerzos en subir el IBI a las grandes propiedades, los tres millones que se ahorrarán remunicipalizando el servicio de Recaudación y el no volver a tener que pagar sentencias del Plan de Empleo mal gestionado por el PP, evitan tener hacer recortes en gasto corriente por la necesidad de abonar 10,3 millones en intereses por las expropiaciones de Villa Magdalena y Rodríguez Cabezas. Eso y aplazar contabilizar la sentencia de primera instancia sobre la liquidación del contrato de 'los palacios', en la que el Ayuntamiento fue condenado a pagar 25 millones de euros más intereses a Jovellanos XXI. «Este año Villa Magdalena y, el que viene, el Calatrava», barruntó Rosón.

Un modelo distinto

Con todo, dominaron los mensajes positivos, tal vez por el sufrimiento para sacar adelante las cuentas. La mayor parte centrados en la importancia de reconstruir el Ayuntamiento. El área de Personal «brilla» defendió su responsable Iván Álvarez. El dinero que el Ayuntamiento tuvo que gastarse en devolver la paga extra «robada» a los funcionarios o el de las sentencias del Plan de Empleo se mantiene para reforzar «el compromiso del equipo de gobierno» con el empleo «público y de calidad», para «contratar a un centenar de personas». En realidad, diez plazas de funcionario para el nuevo personal interino del servicio de Recaudación; diez más, para cubrir las jubilaciones en Bomberos (ocho) y Policía Local (dos) y 70 plazas de funcionario interino esencial. Es la fórmula, expuso Álvarez, con la que «regateamos los límites impuestos por el PP». Aún a falta del informe definitivo del secretario, se trata de usar un resquicio legal «que otros ayuntamientos usan desde 2012 y que el PP decidió no hacer aquí», denunció el concejal, para burlar los límites a la tasa de reposición.

En total, el equipo de gobierno quiere cinco plazas de técnico de administración general (TAG) para las áreas de Urbanismo, Infraestructuras y la Fundación Municipal de Cultura; tres administrativos para Información y Participación y ni más ni menos que 29 auxiliares administrativos para distintas áreas. Además, quiere contratar como interinos seis trabajadores sociales, cinco inspectores para Licencias, dos más para Patrimonio, otros dos como auxiliares de bibliotecas, dentro de una relación que suma 70 puestos de trabajo. Temporales, sí, pero con la intención de convocar de forma inmediata las plazas después. También habrá medio millón de euros para sendas bolsas de trabajo, una de promoción interna y otra «para acumulación de tareas». En esta se quieren tener hasta 22 personas que puedan ser llamadas por los servicios cuando estos se ven sobrepasados.

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