El Comercio

El Contencioso frena las oposiciones para la Recaudación a un mes del final del contrato

Aspirantes al servicio de Recaudación esperan a entrar en el Palacio de Congreso para hacer uno de los exámenes.
Aspirantes al servicio de Recaudación esperan a entrar en el Palacio de Congreso para hacer uno de los exámenes. / ALEX PIÑA
  • El equipo de gobierno baraja confiar el servicio al Principado o prestarlo con medios propios, y la oposición pide prorrogar el contrato con La Auxiliar

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 acordó ayer la suspensión cautelar de la selección del personal interino para el servicio de Recaudación desde el próximo 1 de enero. Una situación que obliga ahora al equipo de gobierno a decidir cómo prestará este servicio a partir del año que viene.

El auto, dictado en sustitución por el titular del Contencioso, Miguel Ángel Carbajo, sostiene que la continuación del proceso «puede dar lugar a una serie de perjuicios, cuya apreciación no requiere una especial labor intelectual». No la requerirá, pero el magistrado no los aclara.

Los recurrentes son los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, y el auto tampoco argumenta qué perjuicio irreversible les causa la continuidad de la selección del personal, en parte ya concluida y en la que algunos compañeros suyos se han ganado la plaza.

Abogacía Consistorial dejó claro que el contrato con la empresa se termina el 31 de diciembre y que la suspensión cautelar impediría al Consistorio realizar la recaudación de forma directa. Sin embargo, el auto resalta que el «interés público en la cobertura de las plazas» aparece «tenuamente dibujado» y se dedica a defender la externalización sin sonrojo. Sostiene que la decisión de recuperar la gestión (y los datos) de la Recaudación para el sector público parece hacerse «por razones de pura oportunidad» para los que no se han alegado «motivos de urgencias o perjuicios para el interés público» que obliguen a convocar las plazas.

Todo los fundamentos dejan sin aclarar qué perjuicio causa la continuidad del proceso selectivo a la asociación de trabajadores recurrente. Además, la suspensión llega después de que tres órganos judiciales distintos rechazasen medidas cautelares similares en otros tantos recursos iniciados por los trabajadores. Da igual, desde hace semanas, el equipo de gobierno tenía las sospecha de que uno u otro órgano judicial encontraría los motivos para suspender el proceso y trabajaba ya en posibles alternativas.

Dos salidas

El Consistorio anunció ayer que «cumplirá con el mandato judicial», aunque «presentará el correspondiente recurso a través de sus servicios jurídicos». Lo hará, pero ya tiene plan B e, incluso, C. Con el presupuesto cerrado, no hay marcha atrás. Los números para el próximo ejercicio salen gracias a que, solo en el primer año, el Ayuntamiento se ahorrará tres millones de euros con la remunicipalización de la Recaudación. Este hecho en sí cierra la puerta a una eventual prórroga con la actual contratista, que ayer reclamaron PP y Ciudadanos nada más conocerse el auto.

El equipo de gobierno mantuvo ayer una reunión de urgencia junto a los técnicos de la 'casa'. A su término había dos opciones solo sobre la mesa: llegar a un convenio con el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias o prestar el servicio directamente con el personal municipal existente.

Fuentes municipales señalaron que prestar el servicio con personal propio, pese a las estrecheces largamente denunciadas de la plantilla municipal, puede ser incluso la más sencillo de lo que parece. Las plazas recurridas están creadas en la Relación de Puestos de Trabajo, por lo que se podrían proveer por un concurso de traslados entre la plantilla municipal y, si no hubiese suficientes interesados, mediante adscripciones provisionales hasta que se sustancie el fondo de los recursos presentados.

Mientras tanto y por lo menos hasta febrero, cuando está señalado el juicio, quedan en el aire los nombramientos de los 29 interinos que debían ocuparse del servicio en enero, varios de los cuales ya habían completado el proceso selectivo con éxito. En un comunicado, el equipo de gobierno anunció que, «asesorado por técnicos municipales, estudiará en los próximos días las alternativas posibles respecto al proceso de remunicipalización del servicio de Recaudación que emprendió hace meses».

Dimisión y prórroga

La oposición reaccionó en bloque. El concejal del PP, Gerardo Antuña pidió la dimisión del responsable de Economía, Rubén Rosón, que, dijo, «debe dejar paso a otro compañero que muestre mayor capacidad de gestión». Antuña consideró «muy grave que, a mes y medio de terminar la prórroga del actual contrato de Recaudación, nos quedemos en el aire, sin garantías de continuidad en la prestación del servicio».

Sostuvo que la situación actual se debe a que «no lo han podido hacer peor, y esto pasa cuando se pone la política y la ideología por delante del rigor en la gestión». En este sentido, recordó las palabras de Rosón en el Pleno del lunes, en las que el de Somos se definía como representante político, «negando la necesidad de la capacidad de gestión. Pues aquí está la muestra de que se equivoca. No sirven ni activistas improvisados, ni cuentacuentos, ni coaliciones ineficientes como la del actual tripartito».

El portavoz de Ciudadanos coincidió en que «el tripartito ha vuelto a fracasar estrepitosamente en su intento de remunicipalizar el servicio de Recaudación». En un comunicado, sostuvo que el auto de suspensión «aboca al Ayuntamiento a una prórroga del actual contrato».

Culpó del «caos que se ha generado», no a la decisión de un juez, sino a «la nefasta gestión del equipo de gobierno de un asunto vital para los ovetenses como es su servicio de Recaudación». «Ciudadanos ya habían advertido hasta la saciedad de que lo más prudente era prorrogar el actual contrato de la Auxiliar de Recaudación un año más, y ahora la Justicia nos da la razón», concluyó Pacho.