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Ramón del Fresno y Ramón Mijares, en el seminario.
Ramón del Fresno y Ramón Mijares, en el seminario. / MARIO ROJAS

«Si los terrenos del antiguo hospital cambian de uso, los propietarios van a pedir algo»

  • Ramón del Fresno defiende que los equipamientos sanitarios de El Cristo solo pueden tener fines sociales en el seminario Gerardo Turiel

Hay una cuestión «escondida» y «silenciada» en los antiguos terrenos hospitalarios de El Cristo, según alertó ayer el presidente de la asociación de vecinos y comerciantes de El Cristo, Montecerrao, Buenavista y Llamaquique, Ramón del Fresno. Se refiere a las expropiaciones y cesiones realizadas después de la guerra para la construcción de los equipamientos, justificadas en estos fines sanitarios. «Si estos terrenos cambian, sus propietarios o herederos van a pedir algo: o la recuperación de los terrenos o una consignación económica». Y ahora, advirtió, están «atentos» a los pasos que den las administraciones en la reordenación de la zona para una posible reclamación jurídica de sus derechos.

Del Fresno participó como ponente en el seminario Gerardo Turiel, organizado por el despacho Mijares Abogados y en el que colabora EL COMERCIO, y habló durante más de una hora sobre 'El Cristo y Buenavista. Soluciones urbanísticas'. Con ese «análisis jurídico» -similar a lo que ocurre con La Vega, expropiada a Las Pelayas para construir la fábrica de armas y cuya propiedad reclama ahora el Ayuntamiento al Estado-, el líder vecinal insistió en que los abandonados edificios deben mantener su carácter social. Ayer recordó su propuesta, alejada de la «especulación urbanística», a los asistentes en el seminario y a aquellos que le siguieron a través de internet: el traslado del centro de salud del barrio al edificio de Consultas Externas y las actuales dependencia, destinarlas a una escuela infantil, reconvertir Silicosis en una residencia de mayores, al igual que Maternidad, y la residencia Covadonga, en un hospital de dependientes. Además, planteó mantener el uso el Banco de Tejidos y Sangre, con una rehabilitación, y la lavandería. «El único edificio que está en debate es el antiguo hospital general, pero entiendo que no se puede tocar hasta que no haya un proyecto», expuso. Inversiones que, defendió, serían más asumibles que derribarlo todo y levantar nuevos edificios de la nada. Además, reprochó, las instalaciones no se encuentran en estado de peligro porque si no, ironizó, no se permitirían las visitas organizadas (hoy hasta dos) con motivo del proceso de participación ciudadana.

Su planteamiento incluye también la cesión de terrenos para la Universidad de Oviedo, ante un previsible crecimiento de futuro y reordenación, y la agrupación de las desperdigadas sedes judiciales en Oviedo, con el Palacio de Justicia como proyecto estrella. Todo alejado, dijo, de las mil ochocientas viviendas que se llegaron a planificar para la zona que, en su opinión, no son necesarias.

16 años de lucha

La asociación de vecinos se creó en 2000, cuando se ideó el traslado del HUCA a La Cadellada. Perdida la batalla para evitarlo, el colectivo lucha desde hace años por salir de la situación de «precariedad» de la que advirtieron y en la que se encuentran sumidos desde hace dos años y medio. «Dejaron de pasar 15.000 personas las veinticuatro horas del día. Intentamos que no fuera traumático (el cambio) como ha ocurrido, sin tener una solución previa», indicó.

Quejas, dijo, que se traducen en el cierre de casi doscientos negocios por «quiebra económica». Puso un ejemplo muy significativo: «Aquí había diecisiete entidades bancarias y ahora solo tenemos seis. Es un síntoma de la realidad económica». También, la bajada del valor de los inmuebles: «Lo que antes valía diez ahora, tres».

Pasan los años y Del Fresno se quejó de la falta de soluciones por parte de las administraciones implicadas en los 230.000 metros cuadrados pendientes de reordenar. Criticó duramente la gestión política, principalmente por su pasividad: «El Cristo está recibiendo bofetada tras bofetada». La última, lamentó, fue el local para centro social que reclamaron, que formaba parte del convenio de la 'operación de los palacios', y que, según indicó, ha sido vendido tras parcelarse por tres millones por una entidad bancaria.

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