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G. D. -R./ C. P.
Viernes, 2 de diciembre 2016, 01:52
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«El objetivo es que el Ayuntamiento y el Principado tengamos un servicio de recaudación compartido el 1 de enero y vamos por buen camino». El alcalde, Wenceslao López, confirmó ayer los avances en la negociación, en la que los técnicos intercambian datos para poder fijar las condiciones entre las partes. Se mostró optimista: «Esperamos, a mediados de diciembre, tener una solución definitiva en todos los sentidos», afirmó.
Más o menos por esa fecha se prevén malas noticias. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 notificó ayer la suspensión cautelar de la selección de los trece auxiliares administrativos que el Ayuntamiento necesita para remunicipalizar el servicio. Nada que no hiciera ya el magistrado del 3 en sustitución del número 5, pero peor se interpretó en la 'casa' la celeridad del Contencioso número 1 en convocar la vista. El auto judicial habla de «la inmediatez con la que se va a celebrar el acto de juicio, señalado para el día 16 de diciembre» y eso, entienden fuentes municipales, es signo de que quiere ser el primero en dictar sentencia y «no es buena señal».
Así las cosas, el Pleno extraordinario forzado por la oposición podría quedar en agua de borrajas. Gerardo Antuña, por el PP, y Luis Zaragoza, por Ciudadanos, entregaron ayer en Secretaría General las firmas necesarias y la sesión se celebrará previsiblemente el 27 de diciembre, les confirmó el habilitado nacional. Ciudadanos insistió ayer en que su partido defiende la gestión municipal de la recaudación, pero «no de cualquier manera».
Lo hizo porque la primera teniente de alcalde, Ana Taboada, acusó a populares y Ciudadanos de no ser «grandes defensores de lo público». La líder de Somos insistió en las dudas legales sobre la externalización del servicio y se preguntó si PP y Ciudadanos defienden que se prorrogue el contrato con La Auxiliar de Recaudación y que se mantenga «de forma no muy legal». Recordó que tanto sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como informes de la propia Sindicatura de Cuentas asturiana ya han señalado que no «se puede realizar de manera externa», ya que se deriva a una empresa poderes propios de la administración.
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