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G. D. -R.
Domingo, 19 de febrero 2017, 01:12
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La semana pasada, el alcalde habló de «una tormenta de recursos perfectamente organizada» contra el acuerdo de la junta de gobierno por el que se borró del callejero de la ciudad los nombres de 21 personajes vinculados al régimen franquista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Se trataba de recursos administrativos, que los servicios no han tenido tiempo de contestar y que, insistió el regidor, «no tienen ninguna trascendencia» pues suponen la suspensión de la ejecución de un acuerdo, el cambio de nombre de calles, que ya está ejecutado. Otra cosa será que lo tumben los tribunales. El Grupo Municipal del PP ha presentado un recurso contencioso-administrativo con el que trata de anular la retirada de los nombres franquistas del callejero. El recurso ha correspondido al juzgado de lo Contencioso-Admministrativo Número 6 que ya ha notificado su interposición al Ayuntamiento.
Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el PP de Oviedo ha mantenido una actitud tibia y vergonzante. De Lorenzo se apresuró a convocar una comisión para estudiar su cumplimiento en 2008. Los expertos citados instaron el cambio de denominación de una serie de 14 calles y la retirada de algunos símbolos franquistas. El Ayuntamiento lo hizo con desgana. En tres años, solo cambió los nombres de Capitán Almeida, División Azul y Coronel Teijeiro por los de Fernando Alonso, Real Oviedo y Samuel Sánchez; esta última en 2011.
Ni siquiera en la última época de De Lorenzo, ya con un pie fuera de las Consistoriales, se avanzó con más decisión en el cumplimiento de la ley. La retirada de la estatua del del teniente coronel Teijeiro se hizo de tapadilo. En 2013, el PP aprovechó unas obras de reurbanización para llevarla a un almacén sin hacer alardes, pero cuando Foro presentó una proposición pidiendo su recolocación votó a favor, aunque luego olvidase cumplir el acuerdo.
Al menos otro ovetense, un vecino de la antigua calle del Comandante Caballero, hoy Concepción Arenal, ha seguido el mismo camino que los populares e impugnado el acuerdo de la junta de gobierno en los tribunales.
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