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D. LUMBRERAS
Miércoles, 22 de febrero 2017, 02:46
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Wenceslao López visitó ayer por primera vez como alcalde Tudela Veguín para conocer de primera mano las reivindicaciones de los vecinos. Le acompañaron las concejalas Ana Rivas (Infraestructuras) y Marisa Ponga (Atención a las Personas). La reunión fue en el centro social, cuya reforma es una de las mayores reivindicaciones. Lo supo bien la comitiva municipal al subir las escaleras hasta la sala donde se sentó con los vecinos: «Por eso hace falta poner ascensor», espetó uno de ellos.
«Hace falta la rehabilitación del edificio, un ascensor, la calefacción, que no hay, y mejorar el aparcamiento», expuso el tesorero de la asociación vecinal, José Fermín Palicio. La actuación es complicada por tratarse de un edificio catalogado de un siglo de antigüedad.
Otra gran demanda fue la ampliación de las redes de saneamiento. En concreto, se trataría de tres tramos, en La Falla (unos dos kilómetros y un coste estimado de 370.000 euros), La Llosa (de solo 150 metros, pero con mayor dificultad al atravesar una carretera del Principado) y La Peñasca. «Tenemos tramos difíciles. El mayor escollo es el dinero», lamentó Palicio.
La asociación de vecinos llevaba casi medio año aguardando este encuentro: había solicitado una entrevista con el alcalde el 9 de septiembre. Debido a la ausencia de respuesta, la junta directiva le formuló una pregunta a López en las páginas de EL COMERCIO el pasado 5 de febrero. El regidor adujo entonces que se había «producido un fallo».
«Venimos a conocer los problemas de la zona, tomar nota y ver qué podemos resolver, que es para lo que estamos», declaró López sobre los objetivos del encuentro. Fuentes municipales explicaron que se ha modificado el proyecto de reforma del centro social para incluir las demandas vecinales: «Pasó a costar 300.000 euros y ya está hecho. Estamos pendientes del remanente, que lo marca el Estado, y de que, si tiene que estar acabado a 31 de diciembre, no llegamos porque el plazo de ejecución es de cuatro o cinco meses». Con cargo a los mismos fondos se «intentará abordar al menos uno» de los tramos de saneamiento pendientes.
Una tercera propuesta que llevaron los vecinos al encuentro era la posibilidad de emplear catorce o quince casas de la fábrica de cemento, que se encuentran en «estado de abandono», como viviendas sociales. Aunque «hay que sopesar» la actuación tras los problemas con estos alojamientos de Vipasa en la cercana localidad de San Roque. Ello quedará en manos de la Corporación Masaveu, propietaria de la cementera.
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