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Rosón admite que conocía el pleito de la trabajadora contra el Ayuntamiento de Oviedo antes de informar

El PP anuncia que estudiará si existe algún tipo de ilícito en un informe «contrario a lo defendido por los técnicos y Abogacía y a los intereses municipales».

G. D. -R.

Viernes, 24 de febrero 2017, 04:14

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El concejal de Economía, Rubén Rosón, rebajó ayer a «un escrito objetivo» lo que dejó como un «informe» anexo al acta de la junta de gobierno del pasado día 10. Un documento en el que defendía que una trabajadora del área de Promoción Económica hacía funciones de coordinadora, tal y como esta empleada, personal laboral no fijo, reclama al Ayuntamiento en los tribunales. Preguntado por el Grupo Municipal del PP sobre el papel, Rosón admitió que conocía la existencia del pleito y también de la sentencia de primera instancia, favorable a las tesis municipales, cuando emitió su informe. «Lo que ha quedado claro», sostuvo el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, «es que el concejal ha mentido. Sí sabía que existía el pleito y la sentencia». El popular anunció que estudiará si existe algún tipo de ilícito en un informe «contrario a lo defendido por los técnicos y Abogacía y a los intereses municipales».

En la comisión, la socialista Ana Rivas tomó la palabra para recordar que todos los pleitos pasan por la junta de gobierno, que es la que acuerda encomendar la defensa de los intereses municipales. También lo hizo el concejal de Personal, Iván Álvarez, para señalar que «si la trabajadora hace funciones que no le corresponden, hay que ordenarle que deje de hacerlas de inmediato». Ambos coincidieron en considerar anómalo que un concejal, en este caso Rosón, emita un informe sobre las competencias de otra área de gobierno, en este caso un informe de funciones que correspondería a Personal.

A las críticas al proceder del edil de Economía se sumó la sección sindical de UGT con un comunicado en el que insta «al alcalde y al concejal de Personal a que den un puñetazo encima de la mesa en materia de personal y eviten intromisiones». El sindicato recuerda que «el acceso a la función pública, así como la promoción profesional están perfectamente definidas en la ley» y exige «respeto para la independencia de los trabajadores municipales», critica «la intromisión política en el ámbito técnico y en el judicial, y advierte «de la estrecha línea roja que separa una cacicada de la prevaricación».

UGT concluye recomendando a esta trabajadora que realice «sus funciones dentro de los criterios recogidos en la sentencia que la hizo indefinida».

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