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La parcela B-16 está ubicada en el polígono industrial de Olloniego.
La Fiscalía mantiene la acusación contra Mortera y Reinares por la parcela de Olloniego

La Fiscalía mantiene la acusación contra Mortera y Reinares por la parcela de Olloniego

La jefa de Licencias ha sido la única excluida de los tres funcionarios vinculados a la venta del solar

G. D.-R./ R. A.

Lunes, 27 de febrero 2017, 01:37

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Cuando Wenceslao López fue elegido alcalde, el Grupo Municipal Socialista tomó una decisión: dejar fuera del escrito de acusación a los tres funcionarios que revisaron la venta en favor de la mercantil Urvisa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego, cuya superficie es de 16.000 metros cuadrados. Mantuvo, eso sí, la personación contra los exediles populares Alberto Mortera y Jaime Reinares, por un supuesto delito de falsedad y prevaricación. Casi un año después, las consecuencias de esta determinación han visto la luz. La Fiscalía ha eliminado la acusación contra la jefa de Licencias, B. M. C., pero mantiene la petición contra el responsable del área de Licencias Mayores, J. R. d. L. C; la jefa de sección de Patrimonio, M. R. C. F.; y los dos exconcejales del Partido Popular.

El Ministerio Fiscal ya había pedido hace meses a la titular del juzgado de Instrucción Número 4, María Luisa Llaneza, el archivo de las diligencias contra la funcionaria de Licencias. Argumentaba que ella solo se limitaba a firmar lo que su subordinado le presentaba, pero la magistrada no estaba de acuerdo y la incluyó en la lista de la acusación. Finalmente, B. M. C. ha salido de embrollo.

Mientras tanto, Llaneza está a la espera de que la Audiencia conteste al auto de procesamiento que elaboró hace un año. Una vez que lo tenga encima de la mesa, abrirá juicio oral contra los cuatro acusados. De esta forma, se pondrá fin a una investigación que comenzó en 2009, cuando los concejales socialistas Carmen Caballero y Alfredo Carreño denunciaron que el equipo de gobierno había vendido en 2002 a la empresa Urbana de Viviendas, S. A. una parcela en el polígono de Olloniego y se habían «incumplido» los parámetros de la contratación.

En un principio, el traspaso era para la construcción de dos naves, donde se guardarían materiales de obra, pero terminaron siendo diecisiete. Los pliegos elaborados hace catorce años evitaban la especulación urbanística y realzaban la creación de empleo, ya que el proyecto estaba financiado con fondos europeos. Prohibían, también, la venta, alquiler o transmisión de las naves y se exigía que la licencia de nueva actividad estuviese antes de dos años.

Sin embargo, Urvisa no hizo lo que estaba acordado. La empresa inscribió la finca en favor de la sociedad limitada Bitácora 2002. Según explicaron los concejales socialistas, esta última compañía era una «tapadera»y poco tiempo después, dividieron el suelo en seis partes. Dos de ellas fueron a parar a Promociones Caudal, donde Bitácota tiene participación, y el resto para la Sociedad Asturiana de Desarrollo empresariales (SADE,) que a su vez está vinculada a Urvisa y a la familia Sáenz de Miera.

Según los socialistas estas modificaciones fueron pasadas por alto por el Consistorio, debido a la «amistad» entre el exalcalde y actual Delegado de Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, José Luis López de Urvisa y el exconcejal de Patrimonio, Iván de Santiago. Pero hace dos años, este último fue desimputado, ya que según justificó la Fiscalía en su solicitud no se pudo acreditar que conociese los pormenores del expediente.

Un solo folio de proyecto

El plan del polígono de Olloniego era muy jugoso. La subvención de la Unión Europea hacía que el metro cuadrado se situase en los treinta y tres euros y muchas empresas apostaron por él. Presentaron ante el Ayuntamiento su proyecto y en 1998, la sociedad municipal del suelo Gesuosa debía adjudicar cada uno de los lotes que se ofrecían, teniendo siempre presentes los criterios establecidos. Pero tal y como defiende la Fiscalía, en ningún momento «nadie veló por el cumplimiento» de las bases de contratación. Únicamente se dio «una apariencia de legalidad» cuando se contrató a dos empresas para que hiciesen dos acometidos claros: «verificar» que las sociedades habían presentado toda la documentación requerida y «ofrecer unos cálculos» sobre la «valoración de puntos sin desarrollar».

En este proceso, una de las ganadoras fue Urvisa. Solo presentó un único folio de proyecto y logró uno de los mayores lotes que se ofertaba: el de la B-16 de 16.000 metros cuadrados. El paso del tiempo ha jugado en contra de estas supuestas irregularidades y esta parte está prescrita.

Sigue en vigor que el entonces concejal de Licencias, Jaime Reinares, conocía «perfectamente» cómo se realizaba la construcción y adjudicación de las parcelas, ya que, según mantiene el Ministerio Fiscal, hacía un seguimiento semanal de la construcción y también sabía que Urvisa no era la propietaria de los terrenos porque había «firmado un requerimiento» dirigido a la otra empresa, Bitácoras.

Del mismo modo, Alberto Mortera, que sustituyó a Reinares en el cargo, fue conocedor de todo lo que había, tal y como se desprende del escrito de la parte instructora. Además, los funcionarios sabían lo que estaban pasado, y pese a ello, nadie alertó de la irregularidad. Es más, se devolvió el aval a la empresa constructora del polígono de Olloniego, a pesar de que se había supuestamente incumplido el contrato.

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