El Comercio

Dos técnicos y Mortera, a las puertas de jucio por la parcela del polígono de Olloniego

Naves en el polígono industrial de Olloniego.
Naves en el polígono industrial de Olloniego. / ALEX PIÑA
  • La Audiencia ordena, en cambio, sobreseer las diligencias contra Jaime Reinares porque no participó en la devolución del aval

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha rechazado los recursos planteados por el exconcejal de Urbanismo, Alberto Mortera, y el funcionario responsable de Licencias Mayores, J. R. d. L. C., y la jefa de la sección de Patrimonio, R. C. F., contra el auto de apertura de juicio por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad en la gestión de la parcela B-16 de la primera fase del polígono de Olloniego. La Audiencia, en cambio, ordena sobreseer las actuaciones contra Jaime Reinares, que precedió a Mortera en la cartera de Urbanismo y Licencias, porque el edil ya no era responsable del área ni miembro de la junta de gobierno que acordó devolver el aval de la compra de los terrenos a Urvisa pese a haber inclumplido esta las condiciones del contrato.

La decisión judicial coloca a los tres investigados a las puertas de juicio por un caso que se arrastra desde 2003, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Urvisa la parcela B-16 de Olloniego con los compromisos de no revenderla a terceros, de desarrollar un proyecto industrial (en este caso, dos naves para almacén de materiales) y cumplir con unos plazos estrictos.

Nada de esto se hizo. La licencia de obras no se pidió hasta 2005, cuando ya habían transcurrido los dos años de plazo y la pidió Bitácora 2002, otra empresa que se la había comprado a Urvisa en 2003. Un año y dos meses después, Bitácora pidió una prórroga de un año de una licencia que ya estaba vencida. Se le concedió en junio de 2006, en virtud de un informe del jefe de Licencias Mayores, que decía que se trataba de una obra «parcialmente ejecutada», pero otro informe de diciembre de ese año decía que «las obras no han comenzado». Mal, pero el problema se convirtió en un presunto delito cuando la junta de gobierno, a propuesta de Urbanismo, acordó devolver el aval a la empresa, pese a los incumplimientos, en agosto de 2008.

La investigación se inició a instancias de una denuncia del Grupo Municipal Socialista en 2009, que fue archivada dos veces y tan solo «revivió» en 2013, tras una detallada investigación del fiscal Alejandro Cabaleiro. Sin embargo, el año pasado, cuando llegó la hora de formular escrito de acusación, los socialistas, ahora an la Alcaldía, se echaron para atrás y anunciaron que renunciarían a formularla contra los funcionarios investigados, entonces tres, pues aún lo estaba la jefa de Licencias, y lo haría solo contra los cargos del PP.

Por el camino, la jueza instructora ha archivado las diligencias contra el exconcejal de Patrimonio, Iván de Santiago, y, más recientemente, contra la jefa de la sección de Licencias, B. M. C.. Ahora, la Audiencia revoca el criterio de la jueza y de la Fiscalía y también lo hace con Jaime Reinares.

Alberto Mortera, que dejó el Ayuntamiento en 2011 y siguió a Gabino de Lorenzo a la Delegación del Gobierno como su jefe de gabinete, fue cesado por el exalcalde mediante una resolución el pasado 24 de febrero.

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