Los despedidos de Trubia, pendientes del Supremo

  • La parte social aguarda con expectación la decisión del alto tribunal sobre la legalidad del despido colectivo en Santa Bárbara en 2013

La intensa lucha judicial batallada desde hace casi cuatro años por los despedidos de la fábrica de armas de Trubia se despachó ayer en el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo, aunque el fallo que decide si se admite o no el recurso presentado por la parte social contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de mayo de 2013 tardará aún en publicarse «entre dos y tres semanas», según calcularon las partes.

Con gran expectativa para saber si el Supremo daba un adelanto de su decisión, que no llegó, vivieron ayer la jornada tanto la parte social como la empresa. Todos estaban pendientes de Madrid. Telefoneándose unos a otros.

Sobre la mesa, hay mucho en juego: si la mayoría de los quince magistrados que componen el órgano decidiera que ese despedido colectivo en todas las plantas españolas de Santa Bárbara fue ilegal, afectaría a unos 593 trabajadores, 246 de ellos de Trubia que salieron a través de bajas incentivadas, prejubilaciones y despidos forzosos.

Precisamente son estos últimos, en aquel momento 55 -cifra que ha mermado, en parte por el grupo que se acaba de incorporar a trabajar de nuevo en la fábrica-, quienes más pendientes estaban ayer. Afectados de la empresa ya han adelantado que acudirán a los tribunales europeos en caso de que la decisión sea contraria a sus pretensiones. También quedan pendientes los recursos individuales, aunque la decisión de Madrid marcará las bases de su resolución.

Por segunda vez

El Pleno del Supremo celebró ayer su segunda reunión sobre el ERE. En 2015 derivó de nuevo el caso a la Audiencia Nacional después de que esta lo considerara legal y tras el recurso, vuelve a recibirlo ahora. La Fiscalía también avala el despido colectivo. En su escrito valorando el recurso presentado por los sindicatos CIG, CSIF, MCA-UGT, CC OO, CGT y el comité de empresa de La Coruña reconoce que ha habido «errores o fallos» en la tramitación del despido, pero considera que existen «elementos probatorios contundentes» para justificar la gestión empresarial y que el 77,4% de las salidas se cubrieron voluntariamente por los trabajadores de la factoría.